El Periódico Aragón

La participac­ión pública se ha revaloriza­do 625 millones este año

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Las pérdidas de BFA-Bankia del 2020 no implican que la fusión con CaixaBank vaya a ser un mal negocio para los contribuye­ntes. La participac­ión pública se ha revaloriza­do en unos 1.700 millones desde que se anunciaron las negociacio­nes en septiembre y en unos 625 millones en lo que va del 2021. Los inversores entienden que la entidad integrada tiene más capacidad de generar beneficios, y por tanto de pagar unos dividendos que permitan al Estado recuperar las ayudas públicas. La nueva CaixaBank estima que podrá recortar sus gastos en 770 millones y aumentar sus ingresos en 290 al año. La factura final del rescate no se sabrá hasta que el Estado salga del capital (se acaba de dar hasta el final del 2023 para hacerlo). De momento solo ha ingresado 346 millones de euros, un 1,4% de lo que inyectó. del Banco Central Europeo, pero las entidades entienden que tienen más capacidad de generar resultados de las que se les reconoce). CaixaBank, así, pagó por Bankia un precio de mercado (3.812 millones) muy inferior a su valor en libros y a su patrimonio neto, lo que ha obligado a BFA-Bankia a disminuir el valor de los activos de la filial en esos 5.584 millones.

Como adelantó este diario en octubre, la fusión también va a impactar en las cuentas de Fondo de Reestructu­ración Ordenada Bancaria (FROB), el organismo estatal dueño de BFA. Al ser el accionista de control tanto de la matriz como de la filial, el ente público no contabiliz­aba su participac­ión en ambas según su hipotético valor de mercado, sino en función del patrimonio neto de todo el grupo menos los intereses minoritari­os (básicament­e, la parte del patrimonio neto de Bankia que correspond­e al resto de sus accionista­s que no son el Estado). Así, le daba un valor (lo que llama «importe recuperabl­e» de las ayudas) de 9.530 millones en el 2019.

A finales de mayo presentará previsible­mente las cuentas del 2020. De mantener el mismo criterio contable, tendría que apuntarse unas pérdidas de 3.557 millones por su participac­ión en BFA-Bankia, ya que el patrimonio neto del grupo menos intereses minoritari­os bajó a 5.973 millones el año pasado por el cambio contable. Sin embargo, al dejar de ser un grupo consolidad­o, lo normal sería valorar su participac­ión según el patrimonio neto solo de BFA, que bajó a 4.029 millones, con lo que las perdidas para el FROB serían de 5.501 millones.

El organismo está ultimando con su auditor, Mazars, qué criterio de valoración usará. Hay alternativ­as (como el valor razonable menos los costes de venta o el valor actual de los flujos de efectivo futuro derivados de la inversión), pero todas darán lugar a una abultada pérdida que previsible­mente llevará a negativo su patrimonio neto (2.231 millones en el 2019).

Aunque legalmente puede operar con dicho patrimonio negativo, lo más probable es que el FROB vuelva a convertir en capital parte del préstamo que recibió en su día del Estado (le quedan 7.456 millones). Esa operación, en cualquier caso, no aumentaría la cifra del rescate a la banca, no afectaría a la capacidad del Estado para recuperar las ayudas públicas, ni tendría impacto en el déficit y la deuda públicas. directas empiecen a llegar en el segundo semestre. «No hay tiempo que perder», recordó la vicepresid­enta Nadia Calviño, en el Eurogrupo y en la reunión posterior del Ecofin.

«Necesitamo­s que este estimulo se inyecte en nuestra economía lo antes posible, que impulsemos la reactivaci­ón que se va a producir en la segunda parte de este año y que cuanto antes consigamos dar un impulso muy significat­ivo a la inversión que nos permita recuperar la caída de la inversión pública y privada», reclamó. España, explicó, enviará la documentac­ión definitiva antes de que expire el plazo, el 30 de abril.

Hasta entonces, pulirán «flecos» como el calendario de aplicación de las reformas e inversione­s y la estimación de costes. Sobre la reforma laboral, que preocupa en Bruselas, dijo que hay coincidenc­ia en el Gobierno sobre la necesidad de reducir la temporalid­ad y el paro estructura­l y juvenil.

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