La ancianidad que viene
El impacto causado por el covid-19 ha sido terrible en el entorno más vulnerable, el de las personas ancianas, tanto en la altísima mortalidad sufrida en las residencias como en las condiciones en que se encuentran quienes han sufrido la pandemia en su hogar. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa el cuidado de los mayores, un debate de alto contenido ético que toda sociedad debe plantearse, tanto en lo que se refiere a su salud como a la propia calidad de vida. La histórica falta de financiación del sistema de dependencia, aun a pesar de la ley que la regula, provoca, por ejemplo, que en España haya más de 230.000 personas dependientes sin prestación y casi 150.000 a la espera de ser valoradas, sin contar con que las ayudas son precarias y muy raramente sirven para paliar los déficits de asistencia.
Esta es la situación actual, en la que también se contempla que más del 85% de los cuidadores son familiares. Las perspectivas, no obstante, son peores y conviene que las administraciones actúen en consecuencia, previendo que la generación de los babyboomers llegará en la próxima década a la senectud. Estamos hablando de que el sistema tendrá que atender, en menos de 20 años, al doble de personas que en la actualidad, con una cifra que, según los cálculos demográficos, ya será de 2 millones de ancianos en 2030. Las circunstancias en las que esta generación (los nacidos entre 1958 y 1977) vivirá la llamada tercera edad serán, pues, distintas a las de hoy. Serán muchos más, habrá más dificultades en el acceso o en la conservación de la vivienda, tendrán una menor cobertura familiar, contarán con menos ingresos para hacer frente a sus necesidades, el pago de las pensiones será complicado y, con las restricciones a la inmigración, también habrá menos personas que puedan intervenir en el sistema de cuidados.
Todo ello genera reacciones en las distintas administraciones públicas, conscientes de la problemática. El Gobierno, por su parte, ha impulsado un plan de choque, de común acuerdo con autonomías y agentes sociales, que implica una inversión en tres años de 3.600 millones de euros con el objetivo prioritario de reducir las listas de espera e introducir avances en los servicios y prestaciones. La administración central calcula llegar a un porcentaje de financiación del 26,5% para paliar los recortes promulgados por el PP, pero aun alejado de la cifra prevista por la ley.
El envejecimiento de este sector de la ciudadanía, en la generación con mayor número de individuos, más allá de provocar cambios en la pirámide poblacional afectará sensiblemente a la economía y a la distribución de la riqueza. Conviene salvaguardar los derechos básicos del Estado del bienestar para evitar un aumento de la desigualdad y, especialmente, la conservación y defensa de la dignidad en una sociedad que, como hemos visto y sufrido, no puede permitirse dejar de lado a los mayores.