DPO NVDIP DBNJOP QPS SFDPSSFS

ue un resarcimiento pacífico, sin tensión en las calles, con el que se crearon herramientas jurídicas para profundizar en el autogobierno y la participación en la gestión estatal. Ejemplo de ello fue el reconocimiento de una Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad (artículo 109), el órgano bilateral de relación entre ambas instituciones; la introducción de la cuestión lingüística aragonesa, que desde entonces debe protegerse y promoverse; y la inclusión de una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos.

Esta disposición nunca ha podido desarrollarse en la práctica porque posteriormente, al impulsarse la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en el 2014, el Tribunal Constitucional entendió que esta materia es competencia del Estado. Aun así, el reconocimiento de esta reserva hídrica en el Estatuto sí sirvió para bajar la intensidad de la polémica del agua y la posibilidad de trasvases en Aragón, que en el 2007 era uno de los temas que más daño hacía políticamente a los partidos de ámbito nacional por sus contradicciones) y se incluyó también la cuestión lingüística, que desde entonces debe protegerse y promoverse.

Todo ello desde el consenso político entre los partidos entonces presentes en las Cortes de Aragón: PSOE, PP, PAR, IU y CHA, partido este último que participó activamente en la negociación aunque finalmente votó en contra en el Congreso al considerar que era un Estatuto recortado y que no dotaba a Aragón de suficientes mecanismos de financiación ni permitía alcanzar el techo competencial. Aun así, el resto de partidos subraya que fue el momento de máxima unión política en Aragón, donde todos renunciaron a algunas de sus propuestas para conseguir un Estatuto que no dudan en calificar como uno de los más avanzados de España.

El texto era exhaustivo. Reconocía derechos sociales, garantizaba el acceso a la sanidad y la educación de calidad, el medio ambiente, las cuestiones de género, el derecho de los consumidores y las lenguas. Estas cuestiones aún hoy siguen en el debate público. «Se avanzó mucho en derechos democráticos, en materia de participación directa en la vida pública y el establecimiento de cauces para que los ciudadanos pudiesen ejercer control y comparecer en las Cortes; conseguimos también fijar un marco bilateral de negociación con el estado, igualándonos a las normas jurídicas de otras comunidades como la catalana o la balear», recuerda Adolfo Barrena,

ponente del estatuto en representación de Izquierda Unida en el Parlamento autonómico.

Otro derecho político de actualidad, que ayuda a entender la diferencia entre unas comunidades y otras es la potestad de Aragón para marcar el inicio y fin de sus legislaturas. «Ahora mismo, en Madrid, se van a celebrar elecciones y el Gobierno que se forme durará sólo dos años, porque en el 2023 se acaba la legislatura iniciada en el 2019; en Aragón, si el presidente disuelve las Cortes y convoca elecciones, da igual que no se hayan completado los cuatro años de legislatura desde las últimas elecciones, se disuelve y se empieza una legislatura nueva con el gobierno que decidan los aragoneses gracias al estatuto», explica Antonio Suárez, ponente del Partido Popular en el año 2007.

Desde las instituciones tienen claro que el Estatuto de Autonomía del 2007 es el principal logro de los aragoneses desde el inicio de la democracia en España y subrayan que si hoy se disfruta de unos buenos servicios públicos sanitarios, educativos y asistenciales es gracias a esta norma básica que todo lo impregna. «Basta con pensar en qué habría sucedido si esta pandemia del covid se hubiese tenido que afrontar con políticas centralizadas en vez de ser cada comunidad autónoma la que gestionase directamente hospitales, centros de salud y recursos; no digo que hubiese sido mala, pero sí hubiese sido menos buena para el ciudadano, porque los grandes avances en España se han producido gracias a la descentralización administrativa, ese modelo casi federal que ha traído avances en salud y educación» sostiene Jesús Miguel Franco, ponente del Estatuto del 2007 en representación del PSOE

Queda mucho por hacer, en eso también hay consenso entre las distintas formaciones políticas aragonesas: se aprobó el Estatuto, aumentaron las competencias aragonesas de 41 a 59, se pasó de 61 artículos en 1982 a 115 artículos en el 2007, pero en los 14 años transcurridos desde entonces ese aumento cuantitativo no se ha traducido en un aumento del autogobierno en materia cualitativa. Al menos, no todo lo deseado, porque no se ha profundizado en las negociaciones con el Gobierno central para seguir avanzando, sobre todo, en asuntos de financiación e infraestructuras.

Las causas no se deben buscar solo en Aragón, sino en el contexto nacional e internacional. «Desde la entrada en vigor del Estatuto del 2007 han ocurrido dos cosas que han dificultado su aplicación y desarrollo: primero fue la crisis del 2008, que hizo que todo se orientase a pagar deudas y pagar a la banca, con la repercusión negativa que ello tuvo en la financiación autonómica y en el recorte de servicios sociales; y después llegaron el 2019 con sus múltiples procesos electorales que impidieron la negociación con el Estado central y ya en el 2020 la pandemia», analiza el exlíder de IU en la comunidad autónoma aragonesa. Esto se ha traducido en la no puesta en marcha de la tan nombrada Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad del artículo 109, el instrumento perfecto para avanzar, pero nunca desplegado con eficacia.

Algo en lo que coincide Javier Allué, ponente en su día en representación del Partido Aragonés: «La filosofía entonces era la de abrir vías para colaborar con el Estado e impulsar una reforma de la financiación autonómica, para que se tuvieran en cuenta variables como la orografía, la extensión y el envejecimiento de Aragón; temas que hoy siguen encima de la mesa y en los que hay que profundizar mediante la negocia