Afronta 7 años por estafar a 228 personas con créditos ‘online’

Otro acusado está en fuga y se les imputa defraudar 200.000 euros

Carlos S. P. y Niama K. se enfrentan a siete años de cárcel por utilizar, supuestamente y de forma ilegal, las identidades de 228 personas en Aragón, sobre todo en Zaragoza, para solicitar créditos rápidos a entidades financieras por un importe de 200.000 euros. La primera sesión del juicio se celebró ayer en la Audiencia de Zaragoza, pero solo compareció Niama K., una joven de 23 años que, según la fiscal y las acusaciones particulares de dos sociedades crediticias, trabajaba para el principal acusado, que se haya huido de la justicia, recibiendo supuestamente en su cuenta bancaria los créditos obtenidos manipulando los DNIs y otros documentos de personas que eran por complejo ajenas a estas solicitudes de dinero.

Niama K. está acusada, además, de facilitar el DNI de un cliente del hotel de Burriana (Castellón) en el que trabajaba, con los mismos fines fraudulentos. Sin embargo, la joven, defendida por el letrado Rubén Cobo, negó las imputaciones y dijo que no intervino ni en la estafa ni en la suplantación de identidad de que está acusada. «Carlos me ofreció trabajo pero nunca llegó el contrato», afirmó. «Mi función era abrir cuentas para recibir dinero de los inversores e inmediatamente tenía que enviárselo a él», dijo en referencia a Carlos S. P., que fue detenido en el 2017. «A cambio recibía un porcentaje del 10%», reconoció la joven, que señaló que llegó a pedir la ayuda de amigos y familiares para encauzar los créditos solicitados por su empleador.

Según las acusaciones, Carlos residía en Logroño y era el cerebro de la trama. Los acusadores particulares Diego del Pozo y Patricia Gómez, de Dineo Crédito y Creditea, mantienen que simuló una serie de entrevistas de trabajo en Zaragoza, en sendas oficinas del paseo Independencia y del World Trade Center, y luego utilizó los DNIs de los entrevistados para, a través de Niama K., solicitar o cobrar créditos rápidos por cantidades entre los 300 y los 500 euros, aunque también los había más elevados, de 2.000 euros.

Un miembro del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional dijo que empezaron a investigar tras acumularse denuncias de personas a las que las entidades crediticias reclamaban la devolución de préstamos rápidos que no habían solicitado. La exmujer del acusado en rebeldía declaró que S. P. le hacía creer que trabajaba en una empresa de Logroño por lo que desconocía sus actividades ilegales. «Con anterioridad a esto había tenido otros problemas», añadió. Dos perjudicados informaron de que sus DNIs fueron obtenidos de forma irregular, en un caso al alojarse en el hotel de Burriana, y en otro, en una entrevista de trabajo realizada en Zaragoza.