Un juez vuelve a archivar el espionaje a la víctima de ‘la Manada’
Las dos detectives privadas que siguieron los pasos de la joven víctima de la Manada de los Sanfermines, que hicieron fotos de su casa y en su piscina y que llegaron a ver chats privados de la chica no cometieron ningún delito, según el auto dictado por el juez Enrique de la Hoz, titular del número 40 de Madrid al que ha tenido acceso este diario.
El magistrado ya archivó la investigación en octubre, pero la Audiencia de Madrid le ordenó reabrirla al ver «indicios de delito» en la actuación de las detectives privadas, contratadas por la familia de Alfonso Cabezuelo, exmilitar profesional y uno de los agresores de La Manada, condenado luego a 15 años de cárcel. Ahora de nuevo dicta el sobreseimiento y el archivo provisional de la causa.
La joven tenía 18 años cuando sufrió agresiones sexuales a manos de cinco hombres en los Sanfermines del 2016, que denunció.
Dos detectives entraron en chats privados de la joven y le hicieron fotos
Antes de que se celebrara el juicio, fue vigilada por las detectives. La Audiencia de Madrid ordenó al juez De la Hoz que investigara la actuación de esas profesionales, que incluyeron «datos de identificación» de sus domicilios, según la denuncia de la joven. También imágenes de seguimientos con expresiones como «cena cómodamente con su familia» o ella «es el centro de atención de la mesa». Concluyeron que la joven «no ha cambiado sus hábitos con posterioridad a los hechos», añadiendo incluso que «fuma, sale de marcha, toma café con los amigos…».
Su informe y un segundo dossier con la actividad de la chica en redes sociales los aportó un abogado de La Manada, aunque quedaron fuera del procedimiento. Pero la joven ya había sufrido una «victimización secundaria o reiterada», según el auto de la Audiencia, para la que «debería de haber estado protegida en su intimidad y dignidad». El juez tuvo que reabrir la investigación pero la vuelve a archivar porque no ve afectada «la esfera de la intimidad» ni revelación de secretos, como exige la ley. La abogada de la víctima, Teresa Hermida, recurrirá.