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Gobierno y Generalitat se culpan mutuamente del retraso en vacunar a policías y guardia civiles
La Consejería catalana de Salud comenzará a vacunar el próximo lunes a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trabajan en Cataluña. Lo hará con Moderna, dos meses y medio después de inmunizar a los Mossos d’Esquadra y porque lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha apreciado indicios de un trato «discriminatorio». Finalizará así un episodio sujeto a versiones contradictorias, intensamente politizado y doloroso para funcionarios estatales que llevan años en una posición delicada tras las cargas en los colegios el 1-O. Este diario ha contactado con varios de ellos y coinciden en que se han sentido «menospreciados».
Cuando una orden judicial lo ha mandado, el secretario general de Salud, Josep Maria Argimon, ha lamentado, visiblemente airado, que vacunar a unos 4.000 policías –para cumplir con la equiparación del dictado judicial– significará dejar de hacerlo a ciudadanos que tienen más de 60 o 70 años.
«El Govern no ha tenido ninguna prisa en vacunarnos», critica un inspector jefe de la Policía Nacional, que añade que ha molestanes
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- do casi lo mismo «la falta de reacción» del gobierno español para solucionarlo. «Hablábamos con compañeros de Madrid, Zaragoza o Valencia y nos preguntaban contrariados… ¿Pero todavía no os han vacunado? Ha sido muy raro». En este contexto, razona, las declaraciones de Argimon «han sentado muy mal». «Es ruin decir que para vacunarnos a nosotros se quedarán sin dosis los ancianos». Otro policía nacional, inspector en este caso y nacido en Barcelona, dice sentir «tristeza».
Las palabras de Argimon estaban «fuera de lugar». «Y las de Puigdemont –que acusó a los policías y guardias civiles de gozar de un trato de privilegio porque iban a recibir la vacuna antes que ancianos a los que golpearon «salvajemente» el 1-O– son indignantes», añade. «La gente olvida que nosotros trabajamos en la renovación del DNI, tramitando peticioPodemos de asilo, haciendo controles en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos, investigando a pie de calle redes de narcotráfico, de terrorismo, de pedofilia, de prostitución... no vacunarnos nos expone a nosotros pero también a los ciudadanos que atendemos cada día», concluye.
«No tenemos culpa»
Antonio Granados, portavoz del sindicato SUP, señala que a menudo se olvida que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son funcionarios esenciales que trabajan «por y para los ciudadanos catalanes» y recuerda que quedar excluidos de la vacunación no solo ha entrañado riesgo para su salud sino también para la de sus familias.
«Nos hemos sentido menospreciados», sentencia otro mando policial. «Después del 1-O, la percepción que tienen los ciudadanos hacia los cuerpos estatales ha cambiado bastante. Y nosotros no tenemos ninguna culpa».