Las autonomías temen más descontrol tras el fin de la alarma
Los consejeros creen que no tendrán herramientas para decretar medidas efectivas contra el covid La ministra de Sanidad confía en la vacunación y en una tendencia a la baja de los contagios
El Gobierno esgrime dos argumentos para no extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo, día en el que expira esa medida excepcional que permite severas restricciones a la movilidad, como los toques de queda y los cierres perimetrales. El primer argumento es que la vacunación –con más de cinco millones de personas con las dos dosis– «va como un tiro», en palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El segundo es que, a pesar de que hay varias autonomías en riesgo extremo, se observa una tendencia a la baja en la tasa media de contagios: 205 casos por 100.000 habitantes. El escenario es distinto, mucho menos angustioso que hace seis meses, y por lo tanto el Ejecutivo considera que hay que decir adiós al estado de alarma.
Las comunidades, sin embargo, recelan de la nueva medida ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez: un recurso exprés de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para que, en caso de que los tribunales de justicia autonómicos tumben las medidas anticovid que afectan a derechos fundamentales, sea el TS el que resuelva. Evidentemente, el alto tribunal puede fallar a favor de la medida restrictiva o en contra.
En el Consejo Interterritorial celebrado ayer muchos consejeros mostraron su recelo y desconfianza ante la nueva solución del Gobierno. Según pudo saber este diario, Euskadi (la comunidad con la tasa de contagio más elevada, 478 casos por 100.000 habitantes) exigió un mecanismo legal para que cada territorio gestione de manera autónoma herramientas como las que se establecen en el estado de alarma y que afectan a los derechos fundamentales. Galicia pronosticó un aumento de la movilidad tras el 9 de mayo y una falta de mecanismos jurídicos para evitarlo. Murcia destacó que se siente «desamparada» ante la nueva situación y Castilla-La Mancha puso de manifiesto que el estado de alarma, con el toque de queda y los cierres perimetrales, ha servido para limitar la transmisión del virus, así que la mejor opción hubiera sido una fórmula consensuada de cara a realizar las peticiones ante el Supremo. Castilla y León criticó la medida del Gobierno porque judicializa las decisiones sanitarias, mientras que Ceuta vaticinó que los españoles serán más vulnerables una vez que el estado de alarma decaiga.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra Darias aseguró que el estado de alarma –recogido en el artículo 116 de la Constitución– es un instrumento excepcional y que, por lo tanto, no se puede prolongar sine die. «Muchas autonomías ya están relajando medidas porque, además del buen ritmo de vacunación, la tasa de contagio va descendiendo y el escenario es distinto al que se vivió hace tiempo. En 10 días, el índice de casos ha bajado de 235 a 205 por 100.00 habitantes».
La ministra dijo que no se había hablado sobre qué pasaría en el caso de que los servicios de salud llamaran para vacunar a una persona que está de vacaciones en un destino lejano, como pueden ser las Canarias.