Casi 7.000 aragoneses cobran la renta vital creada hace casi un año
Otros 5.780 ciudadanos siguen percibiendo la ayuda aragonesa de inserción El PP califica de «chapuza» la gestión del ingreso mínimo y de la consejera Broto
Un total de 6.985 hogares aragoneses están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), puesto en marcha hace casi un año por el Gobierno de España. Del total de perceptores, 4.720 cobraban antes el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y 2.265 son nuevos beneficiarios. Así lo informó ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, tras ser interpelada por la diputada popular Marian Orós. En su intervención, defendió la nueva ayuda porque ha permitido cubrir las necesidades de un mayor número de personas vulnerables que cuando regía exclusivamente el IAI.
La consejera subrayó además que han llegado recientemente tres millones de euros del Ejecutivo central para financiar el ingreso mínimo. A los beneficiarios del mismo, recordó, hay que sumar los 5.780 perceptores que todavía reciben el subsidio autonómico.
Las explicaciones y los datos aportados por la consejera no convencieron a Orós, que tachó de «chapuza» la gestión de la vulnerabilidad y del IMV tanto por parte del Gobierno de España, que rechaza tres de cada cuatro solicitudes que recibe, como de la DGA. En la comunidad hay registradas un total de 24.895 peticiones del ingreso mínimo, de las que 18.144 han sido rechazadas, según la diputada del PP.
Broto reconoció no estar «satisfecha» con la gestión de la renta vital por parte del Ejecutivo central, una ayuda que se puede solicitar desde el 15 de junio del 2020. Consideró que debería ser «más ágil», pero negó que sea una «chapuza» porque, recalcó, Aragón es la comunidad autónoma que más expedientes ha reconocido de la renta básica anterior.
Orós afeó a la consejera que, un año después de dictar el decreto-ley que regula la prestación aragonesa complementaria al IAI, no lo haya desarrollado todavía y no haya aclarado qué pasará a partir del 31 de mayo, cuando finaliza de manera definitiva el subsidio autonómico.
La titular de Ciudadanía recordó en este sentido, que, aunque el decreto-ley se está tramitando como proyecto de ley en la Cámara autonómica, su entrada en vigor ha permitido garantizar todas las prestaciones nada más comenzar la pandemia y que quienes estuvieran percibiendo el IAI estén cobrando el IMV.
Por otro lado, Broto contestó también a una interpelación del diputado de IU, Álvaro Sanz, que criticó la situación en el Centro
Educativo de Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, donde hay 51 menores internos frente a los 40 que recoge el pliego. A su juicio, están atendidos por personal «insuficiente» que ha sido reforzado con auxiliares técnicos educativos y no con educadores sociales. Sanz reivindicó la importancia de la gestión desde lo público y que no se externalicen más servicios para garantizar una «atención de calidad».
La consejera admitió que no tienen posibilidades de garantizar todos los derechos sociales desde lo público, pero aseguró que no tiene «intención» de externalizar los equipos educativos de atención a menores en conflicto social (EMA y EMCA).