Reto social poscoronavirus en la UE
La Unión Europea (UE) confía en que el avance de la vacunación permitirá una recuperación progresiva de la economía a partir del segundo trimestre. El impacto social de la crisis es enorme tras más de 14 meses de pandemia, agravado por la recaída de la UE en la recesión desde el cuarto trimestre del 2020 por la nueva ola de confinamientos. En España, sin contar los 638.000 asalariados que aún estaban en suspensión de empleo en abril, hay 747.000 parados más que al acabar el 2019 y 298.000 han dejado de buscar empleo, según el Ministerio de Trabajo y el INE.
Consolidar una recuperación cohesionada, que no empeore la desigualdad social acumulada, requiere un refuerzo adicional del gasto público y una estrategia convergente a nivel nacional y europeo. Pero algunas medidas planteadas agravarán esa desigualdad. La reforma del seguro de desempleo francés implicará desde el 1 de julio recortar el 17% de media del importe mensual para los nuevos parados, perjudicando en especial a los trabajadores precarios. En España y Francia, la reforma de las pensiones también las recortará para los futuros jubilados. Y el vicepresidente de la Comisión Europea, ValdisDombrovskis, insiste en que los 750.000 millones del fondo de recuperación están condicionados a reformas ambiciosas.
Los líderes de la UE celebran una cumbre social en Oporto (Portugal) por una «recuperación inclusiva», pero la Comisión ha tardado más de tres años en presentar su Plan de Acción del Pilar Social. La UE adoptó el Pilar Europeo de Derechos Sociales en la cumbre de Gotemburgo (Suecia) en noviembre del 2017 para frenar el explosivo malestar social por la política de austeridad y el avance electoral de la ultraderecha.
La Confederación Europea de Sindicatos apoya el plan de acción social, aunque indica que la propuesta de la Comisión se queda corta por la falta de acciones adecuadas para combatir las formas de precariedad laboral, por la ausencia de compromiso para mantener las medidas de protección de urgencia y por las deficiencias del proyecto de salario mínimo, entre otros. Las medidas concretas son mucho menos ambiciosas de lo que proclama el texto declarativo, critican los sindicatos. La ampliación temporal de los beneficios del seguro de paro y la reducción de requisitos para percibirlo, adoptadas de urgencia en pandemia, revelan los déficits del sistema de protección social en la UE, detalla un informe sindical.
Los economistas Olivier Blanchard y Jean Pisani-Ferry señalan que para lograr una recuperación que erradique las secuelas de la actual crisis es necesario un esfuerzo público adicional de apoyo a las empresas y de incremento del poder adquisitivo de la mitad de la población con menos ingresos.
La reactivación de Francia
En el informe Una estrategia económica contingente para la próxima fase, publicado en la revista Le Grand Continent, advierten de que el repunte espontáneo del consumo tras el fin de las restricciones podría no ser suficiente y que debe evitarse que se repita la caída significativa y duradera del nivel del producto interior bruto (PIB) en Europa tras las crisis financiera. Las recomendaciones se centran en el programa de reactivación de Francia, uno de los países de la UE que más fondos ha destinado a amortiguar la crisis, pero son extrapolables a otros países, en especial a España, uno de los que menos ayudas directas ha movilizado proporcionalmente.
Blanchard y Pisani-Ferry ven «mejor el riesgo de pasarse» con las ayudas públicas que quedarse corto y que se instale «un círculo vicioso de incertidumbre por el empleo y el estancamiento del consumo». Avisan de que la incertidumbre sobre el futuro puede frenar el consumo y la inversión empresarial y de que es imprescindible una expansión muy potente en la segunda mitad de 2021 para corregir con rapidez el impacto de la crisis y evitar una pérdida permanente del potencial de crecimiento.
Además de medidas específicas de apoyo, proponen incrementar con ayudas el poder adquisitivo de los hogares con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales, que representan la mitad de la población en Francia y que son los que más han sufrido el impacto de la crisis. Ambos econosmistas estiman que estas medidas implicarían un coste adicional al plan francés de 50.000 millones, más 11.000 millones para contingencias.