El Gobierno retrasará la subida de impuestos si tarda la recuperación
La ministra Montero explica la reforma fiscal para acercarse a la zona euro Las medidas son una condición de Bruselas para los fondos europeos
El Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a aplicar a partir del 2023 una reforma fiscal tendente a aumentar la presión fiscal en España hacia niveles más cercanos a la media de la zona euro bajo la premisa de que a finales del 2022 la economía española habrá recuperado los niveles de producción previos a la pandemia. Si la recuperación se demora, también se retrasará la aplicación de la subida de impuestos para no entorpecer el crecimiento económico, según apuntó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el curso de una rueda de prensa para explicar los capítulos tributarios del Plan de Recuperación remitido a Bruselas.
Según la ministra, este condicionante está acordado con la Comisión Europea y, llegado el momento, se abriría un diálogo con Bruselas para renegociar el hito temporal del 2023 asignado a la reforma fiscal. La ministra de Hacienda se refirió al objetivo del Gobierno de lograr una mayor presión fiscal a medio plazo como a una condición de la Comisión Europea para el desembolso de los 140.000 millones de euros de fondos europeos asignados a España. La presión fiscal española se sitúa en el entorno del 38,7% del PIB, frente a una media europea del 46,4%. La brecha recaudatoria es de 7,7 puntos, equivalentes a unos 86.000 millones al año. «No se puede exigir a la Unión Europea que ponga 140.000 millones al servicio de nuestro país sin que nosotros acometamos las reformas para ir acercándonos a la media de la zona euro en términos de presión fiscal recaudación», dijo la ministra.
Si los demás países se tendrán que endeudar para hacer llegar dinero a España «es lógico que miren a España y le demanden que al menos su presión fiscal se vaya igualando a la media con el ritmo que nuestra capacidad soberana nos permita», añadió. Montero recordó las reiteradas peticiones europeas a España de reducir la aplicación de tipos reducidos y superreducidos del IVA pero añadió que el Gobierno no tomará ninguna decisiónhasta conocer el informe del grupo de expertos para la reforma fiscal.
Montero aplicó la lógica europea a la relación de las comunidades autónomas con el Estado. «¿Cómo puede ser que algunas comunidades le pidan más dinero al Gobierno de España y, en el marco de sus competencias, bajen sus impuestos? Esto es algo incoherente, inconsistente, populista, que hay que combatir», dijo la ministra en una clara alusión al gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso.