Anticorrupción pide cárcel a la trama corrupta de Valencia
Declaran ante la jueza los 14 detenidos por presuntas mordidas urbanísticas
La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer el ingreso en prisión provisional de los principales detenidos en la operación Azud realizada por los agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia, Alicante, Tomelloso, Madrid e Ibiza. A esta privación de libertad se enfrentan el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio y el empresario inmobiliario en el centro de la trama Jaime María Febrer, según publica el periódico Levante de fuentes conocedoras de los hechos.
Tras la petición del Ministerio Público, es la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia la que ahora debe decidir el futuro de los investigados que comparecieron ayer ante la magistrada y el fiscal Anticorrupción por su predor sunta relación con la trama de mordidas urbanísticas en la ciudad de Valencia y varios municipios de la Comunidad Valenciana.
En esta causa se investigan operaciones inmobiliarias ventajosas realizadas entre los años 2005 y 2010 tanto en Valencia como en otros ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de las que se habría beneficiado el constructor valenciano Jaime María Febrer a través de su empresa matriz, Construcciones Valencia Constitución (CVC), y de otras mercantiles vinculadas a él tras haber corrompido supuestamente a políticos tanto del PP como del PSPV-PSOE y funcionarios con mordidas en metálico y regalos de todo tipo.
Entre esos políticos se encontrarían Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberà, y Rafael Rubio, hasta este jueves subdelegado del Gobierno en Valencia y que habría recibido dinero de esta trama corrupta mientras fue concejal de Valencia y líder de la oposición municipal. Los investigadores consideran acreditado que habrían recibido alredede un millón de euros el primero y 300.000 € el segundo, según ha publicado Levante.
El tribunal considera a los detenidos en esta trama de mordidas urbanísticas como parte de un grupo criminal. A así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que les atribuye a los catorce detenidos los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita, además de pertenencia a grupo criminal.
Según la información que ha ido publicando Levante, Grau habría percibido en torno a un millón de euros en metálico por estas presuntas mordidas urbanísticas, mientras que Rafael Rubio habría recibido 300.000 euros de la trama.
La operación Azud tuvo su primera fase hace poco más de dos años con la detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, y su socio. Corbín se habría erigido en la principal puerta de entrada de quienes pretendían cualquier negocio con el consistorio de Valencia en las distintas legislaturas del PP. «Hay que entender que la Sociología es una ciencia singular que opera con márgenes de error bastante amplios», se excusa el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en un artículo publicado ayer en El País. El dirigente de la entidad demoscópica admite que las encuestas predictivas publicadas antes de los comicios que han dado la victoria a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid se equivocaron.
La encuesta que el CIS difundió el pasado 5 de abril aventuraba un empate técnico entre la izquierda y la derecha madrileñas, con 68 diputados cada uno. Siete días después, el 22 de abril, contempló una posible mayoría absoluta de izquierdas de hasta 73 escaños. PSOE, Podemos y Más Madrid suman ahora en la Asamblea de Madrid 58 diputados, y solo el PP cuenta 65.
«Una de las cosas más difíciles en la vida es reconocer los errores», dice en su artículo. Y, tras asumir la equivocación, pide abrir un debate «riguroso, objetivo y desprejuiciado» que sea –dice contra la lluvia de críticas recibidas– «sin descalificaciones ad hominem».
Tezanos recuerda en su artículo que «las encuestas, incluso las más rigurosas y mejor ejecutadas, operan con amplios márgenes de error», y trata de explicar las predicciones erradas por «una creciente volatilidad» en la sociedad española, «debida a que cada vez menos electores votan siempre por el mismo partido, menos del 20%, en contraste con lo que obtuvieron un 16,85% de los votos y 24 escaños, diez menos de los que le auguraban las encuestas públicas.
«No puede negarse que durante el último periodo del CIS siempre se ha acertado en la identificación de los partidos ganadores y en ocasiones se han anticipado con notable precisión los repartos de escaños», argumenta Tezanos. Pero también se defiende subrayando que «no es cierto que el CIS antes siempre acertara». Por ejemplo, se equivocó en las generales de 2016 «y lo mismo podemos decir de las empresas encuestadoras de la competencia».