Entre el optimismo y la inflación
Entre la previsión de crecimiento para España del 6,5% que calcula el Gobierno español y la de 5,7% que ha publicado el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hay únicamente ocho décimas de diferencia. Hay dos percepciones distintas de entender cómo evolucionará la economía española. En ambas, el PIB sube (muy mal tendrían que ir las cosas para no crecer respecto a un 2020 marcado por la época más dura de pandemia), si bien una apuesta por una recuperación a ritmo de crucero, mientras que la otra empieza a otear riesgos en el horizonte. El cambio de perspectiva no es trivial: la efectividad de las políticas económicas que hoy se adopten dependerá en gran medida de la capacidad de anticipar con mayor o menor acierto la situación futura.
En su última actualización, el FMI ha revisado medio punto a la baja la previsión de crecimiento español (hasta el 5,7%), respecto al anterior informe, correspondiente a julio. Recordemos que ya entonces rebajó la previsión española respecto al informe de abril (cuando preveía que el crecimiento alcanzaría el 6,4%), con lo que la tendencia es claramente hacia la moderación, si bien el organismo sostiene que España crecerá por encima de la media de la zona euro (5%). En los últimos meses se han sucedido hechos que obligan a la prudencia: los precios de la energía y de las materias primas protagonizan una escalada a nivel global que empuja al alza la inflación, y la pandemia, aunque muy controlada, todavía no puede darse por acabada. La mayoría de los expertos indican que el IPC de España (4% en septiembre, según el indicador avanzado) no retornará a los niveles prepandemia hasta la próxima primavera. Todo apunta, pues, a que se trata de una inflación temporal, pero no hay que despreciar el efecto que pueda tener esta sobre la actividad empresarial y el consumo de los hogares. Especialmente, si nos espera un invierno con los precios de la energía altos.
Todas estas consideraciones parece no tenerlas en cuenta el Gobierno, que mantiene invariables sus previsiones de crecimiento en el 6,5% para 2021 y el 7% para 2022. A pesar de que, en el segundo trimestre, el PIB creció menos de lo esperado. Hace una semana, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con unas cifras de gasto total consolidado de 458.970 millones de euros. Para hacer frente a este gasto, cuenta con los ingresos y el déficit. Como no es cuestión de elevar estos últimos, el Gobierno ha engrosado el apartado de los ingresos, gracias a la nueva remesa de fondos europeos y a una estimación de recaudación tributaria récord de más de 232.000 millones. Se apoya en el impuesto de sociedades, del que espera recaudar el 38% más gracias al tipo mínimo del 15%, y a los 100.000 millones del IRPF (6,7% más) gracias a la recuperación económica. Pero, como recordamos hoy en este diario, las estimaciones presupuestarias rara vez se cumplen. A veces, se ingresa más de lo previsto; otras, menos. Las señales indican que esta vez es más probable que pase lo segundo. Y entonces o bien quedarán partidas (promesas) sin ejecutar o bien aumentará el déficit público. Y ninguna de estas dos cosas sería buena. Sobre todo cuando algunos de los gastos anunciados, como el bono joven, serán recurrentes en los próximos ejercicios. En un escenario global de incertidumbre, sería impropio achacar toda la responsabilidad al Gobierno si la recuperación es menos rápida de lo previsto. Pero sí hay que exigirle unas cuentas realistas.