La ley para reducir la burocracia en Aragón, pendiente de las Cortes
El Consejo de Gobierno aprueba el texto que deroga 92 normas ahora vigentes La norma pretende agilizar las relaciones con los ciudadanos y simplificar trámites
El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al proyecto que desarrolla y aplica la Ley 1/2021 de Simplificación Administrativa, el último paso antes del envío de esta relevante normativa a las Cortes de Aragón para su tramitación. El texto aprobado este miércoles da forma a las reformas legales de distintos ámbitos que abarca el documento y su puesta en marcha supondrá la derogación de otras 92 normas de igual o inferior rango, con lo que se generará una labor de saneamiento del ordenamiento jurídico.
Más en concreto, el objeto de la nueva ley es adaptar el régimen de intervención administrativa sustituyendo autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones, la sustitución del silencio administrativo negativo por silencio positivo más la revisión de sus plazos, la reducción de plazos de emisión de informes y dictámenes o la reducción de la documentación a aportar.
La norma promueve una mayor eficacia, dado que se trata de minimizar las cargas administrativas innecesarias o accesorias, favoreciendo las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. En su aplicación, se tiende a la racionalización de la gestión de los recursos.
El desarrollo de este proyecto de ley se vincula de manera directa con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, aprobada en junio de 2020 y que subraya en diversos artículos la necesidad de conseguir mayor agilidad en la actividad administrativa.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, destacó ayer ante los medios de comunicación que esta ley puede convertirse en el «sello» de la presente legislatura. Una reforma que persigue, dijo, «hacer útil la Administración a sus administrados y a los inversores que deciden desarrollar sus proyectos aquí».
Esta norma cambiará, aseguró, «prácticamente cualquier relación del ciudadano con la Administración». Un ejemplo de ello es que a la hora de realizar trámites, el silencio administrativo al cabo de tres meses pasa a ser positivo, en lugar de negativo, como hasta ahora. Es decir, si un ciudadano o una empresa requiere una licencia al Gobierno de Aragón pero no obtiene respuesta se entiende que se ha concedido en vez de que se ha denegado, como ocurría en estos momentos.
Asimismo, Pérez explicó que la nueva ley incluye un catálogo de servicios que el ciudadano podrá consultar para «conocer los pasos que debe dar o el modelo de solicitud a presentar» y otras informaciones que la convierten en un documento «intuitivo y ágil», aseguró.
La ley, que ahora deberá pasar por las Cortes, donde podría sufrir modificaciones si otros partidos la enmiendan, se estructura en nueve capítulos con 15 artículos, además de otras tantas disposiciones.
A lo largo del texto se explican, por ejemplo, las medidas de simplificación respecto a la documentación que deben presentar las asociaciones para registrarse como tal, la agilización de trámites para acceder a subvenciones y también se modifica el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón para reducir el plazo para aprobar los Planes Especiales Independientes en los municipios. Además, en el capítulo IX, relativo al medio ambiente, se modifica la Ley de Aguas y Ríos de Aragón para exigir un solo informe antes de la aprobación inicial, en vez de dos, sobre la adecuación de actos y planes urbanísticos a la normativa de aguas y ríos y tratamiento de residuos.