La inflación, puñalada oligárquica
Se está dirimiendo una batalla decisiva sobre a quién se va a cargar la factura
La inflación es una puñalada –una puñalada trapera– de la oligarquía nacional extranjera. No te rebajan la cantidad de euros que ganas. Pero puedes adquirir menos cosas necesarias y menos servicios básicos con esa misma cantidad de euros. Te reducen el poder adquisitivo sin rebajarte el sueldo. Por eso, la inflación es el tema que hoy copa titulares y debates. Porque la subida, cada vez a mayor velocidad de los precios, amenaza el crecimiento económico y golpea nuestros bolsillos.
Todos los economistas discuten sobre sus causas, todos los gobiernos plantean planes y medidas para combatirla. Pero lo que se nos oculta es que detrás del retorno del «fantasma de la inflación» se está dirimiendo una batalla decisiva sobre quién se va a cargar la factura de una crisis que viene de 2010, que se agravó con la pandemia, y que ahora se agudiza a causa de los efectos de la invasión imperialista rusa de Ucrania.
¿A cuánto asciende el atraco oligárquico?
La última vez que la inflación alcanzó en España el 9% fue en 1986… hace casi 40 años. La inflación es el impuesto más injusto y uno de los más feroces mecanismos que empobrecen a la población. A través del aumento de los precios, los españoles perderemos este año 15.200 millones de euros de poder adquisitivo. Es como si a cada familia de media nos quitarán 800 euros. Afecta al conjunto del país, pero mucho más a los sectores más vulnerables: las rentas más bajas verán reducido su poder adquisitivo cuatro veces más que la media general.
Se habla de la necesidad de un «pacto de rentas» para impedir un aumento galopante de la inflación. Y se pone como modelo los Pactos de la Moncloa firmados en 1977. Entonces, lo que se hizo fue congelar o reducir los salarios, abaratar el despido y aumentar la temporalidad. No puede volver a suceder lo mismo. La gran patronal pretende limitar los aumentos salariales al 3% –tres veces menos que la inflación prevista para marzo–. Los sindicatos exigen un acuerdo donde al cabo de tres años se garantice que los trabajadores no perdemos poder adquisitivo. La inflación no puede ser una vía para cargar sobre las espaldas de los trabajadores el coste de la crisis.
Asistimos a una ofensiva de las grandes burguesías monopolistas –española, europeas y especialmente estadounidense– para salvaguardar sus gigantescas ganancias –cargando las pérdidas sobre la mayoría de la población– lo que significará recortes en bienestar social, en salarios y pensiones. Debemos exigir que las consecuencias económicas, sociales y políticas de la guerra no aumenten la desigualdad y la precariedad en nuestro país. Los costes deben recaer sobre los que más beneficios y riqueza acumulan. En esto también hay que redistribuir la riqueza.
Redistribuir la riqueza es redistribuir las cargas de la crisis
Hay que apoyar el conjunto de medidas gubernamentales que beneficien a la población, desde las ayudas a los sectores más vulnerables –aumento del Ingreso Mínimo Vital y el bono social eléctrico– a la protección del empleo, endureciendo las condiciones del despido, así como los límites que impidan subidas abusivas de los alquileres. Y son especialmente positivas las medidas planteadas para reducir el precio de la luz y los combustibles. Se ha conseguido algo que algunos planteaban que era imposible: el plácet de la UE para imponer un tope al precio de la luz.
Pero todas estas medidas serán temporales y como mucho serán sólo paliativas. No podrán contener el empobrecimiento general si no se aplica una política real de redistribución de la riqueza. Por ejemplo, el gobierno –o sea todos nosotros, a través de los impuestos– se hará cargo de un 75% de la reducción del precio de los combustibles, y las petroleras de un 25%. ¿Por qué sólo de un 25%? Ellos, los grandes oligopolios, acumulan enormes beneficios gracias a los disparatados precios de la gasolina.
Los bancos y oligopolios del Ibex-35 obtuvieron el pasado año beneficios por valor de 58.543 millones de euros. No solo se recuperaron de las pérdidas de la pandemia, sino que obtuvieron un récord de ganancias. Ellos son quienes han de pagar la salida a la crisis. Para detener esta espiral de inflación –y el atraco a la población que supone– hacen falta políticas de redistribución de la riqueza, que redistribuyan los costes de la crisis, haciendo que carguen con la mayor parte quienes más tienen.
Lo que significa atreverse a poner tope y techo, de forma real y definitiva, a los carburantes, al gas y a la electricidad, a poner coto a los abusos de la banca e imponer una reforma fiscal verdaderamente progresiva, que suba los impuestos a los grandes oligopolios. Medidas que protejan a la inmensa mayoría de la población repercutiendo los costes de esta situación sobre las ya abultadísimas cuentas de beneficios de los gigantes del Ibex35.
Si no se toma este camino, por muchas medidas paliativas y progresistas que se tomen, no se podrá impedir la degradación de las condiciones de vida de amplísimas capas de la población, no se podrá salvar de la ruina a cientos de miles de trabajadores, pymes y autónomos. La única manera de impedirlo es impulsando una política de redistribución de la riqueza.