Sánchez dará la cara hoy por Pegasus para aplacar a ERC
El presidente podría anunciar medidas en el CNI y acelerar la ley de secretos oficiales El Gobierno y el PSOE consideran el caso «prácticamente amortizado»
Pedro Sánchez se vuelve a enfrentar a una carpeta que querría tener «cerrada cuanto antes». Pegasus. El espionaje a dirigentes y activistas independentistas. Más de 60, según el grupo de expertos Citizen Lab. Dieciocho con aval judicial, según acreditó en el Congreso Paz Esteban, la ya exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La herramienta informática, también, que infectó el teléfono del presidente y de los ministros de Defensa e Interior y que se intentó colar en el móvil del responsable de Agricultura.
El jefe del Ejecutivo comparece este jueves en el Congreso para dar cuenta, por tanto, de la vigilancia con este invasivo programa de fabricación israelí, con el objetivo de zanjar la crisis con ERC, socio clave de legislatura. La duda es si para ello se ayudará de un relato de los hechos –es decir, una reiteración de lo ya expresado por el Gobierno, sin mayores novedades– o bien anunciará nuevas medidas que busquen calmar a los republicanos. En el equipo del líder socialista resumían las sensaciones previas de forma elocuente: «Estamos en el momento de pasar un trago amargo». Porque no es fácil para Sánchez este pleno, y menos a las puertas de las elecciones andaluzas, con las relaciones con sus socios erosionadas y un nuevo PP ungido por las encuestas.
La Moncloa rehusaba ayer anticipar nada. La «decisión política» era no avanzar pinceladas del discurso del presidente. Sobre la mesa están dos salidas. Por un lado, acelerar la tramitación de la ley de secretos oficiales. Por otro, introducir nuevas medidas de control en el CNI. Este último camino abre distintas alternativas: desde un cambio en la ley, que podría toparse con falta de apoyos parlamentarios, hasta iniciativas directamente impulsadas por el Ejecutivo, que para su despliegue solo dependan de él.
La contraindicación de un discurso con novedades es que el caso pueda reverdecer, justo ahora que el Gobierno y el PSOE consideran que el tema está «prácticamente amortizado».
El PNV fue el primero que planteó modificar la normativa que regula el CNI, de 2002, para cambiar su modo de funcionamiento y reforzar el control judicial. El propio Sánchez, en respuesta al portavoz jeltzale en la sesión de control en el Congreso del pasado 18 de mayo, se mostró «dispuesto» a estudiar su propuesta. Justo ese mismo día, el Defensor del Pueblo, institución liderada por el exministro socialista Ángel Gabilondo, dio a conocer sus conclusiones tras examinar la actuación de los servicios de inteligencia: respaldó la legalidad del espionaje a 18 líderes independentistas y además pidió abrir una «reflexión» sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial del CNI previsto en la ley.
El Ejecutivo, por tanto, ha ido preparando el terreno. Sánchez podría anunciar el impulso de la reforma de las leyes de 2002 que definen el funcionamiento de los servicios secretos. Pero, como advertía ayer una ministra, el peligro estriba en que esa iniciativa podría no contar con los apoyos suficientes, porque no la respaldaría la derecha, pero tampoco los socios (más allá del PNV), así que el Gobierno se expondría a un fracaso. Es la opinión que comparte la dirección del PSOE en la Cámara baja. De ahí que una salida intermedia, apuntada por fuentes socialistas a este diario, sea el anuncio de medidas de transparencia y actuación dentro del CNI cuya puesta en marcha dependa solo del Ejecutivo. La reforma de la ley de secretos oficiales de 1968 es una aspiración histórica del PNV. El Gobierno se comprometió a redactar una nueva ley y ya estaba recogida en su Plan Anual Normativo de 2022.