La ley del ‘solo sí es sí’ llega en pleno repunte de la violencia sexual
Desde 2016 y hasta 2021 se han denunciado un total de 274 agresiones en grupo en España Los expertos avisan de que hay que dotar a la norma de fondos y de vencer resistencias judiciales
La ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del solo sí es sí por trasladar a la legislación los gritos escuchados en las protestas por la violación de la Manada, será aprobada hoy en el Congreso para su remisión al Senado. La norma implica un cambio de paradigma en la lucha contra las agresiones sexuales y si no se demora en la Cámara alta entrará en vigor en una coyuntura en la que las denuncias por violencia sexual no paran de aumentar. En los últimos días, por ejemplo, se han conocido tres violaciones grupales, dos de ellas llevadas a cabo por sendos grupos de jóvenes menores de edad. Y cinco de ellos fueron vitoreados cuando el juez les dejó en libertad, como si fuera una hazaña que te acusen de violar a dos niñas de 12 y 13 años.
La estadística del Ministerio del Interior indica que en el 2021 se cometieron 17.016 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la mayor cifra de la serie histórica (que arranca en 2013). Interior achaca el incremento a las «activas políticas de concienciación que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos, reduciendo los niveles de infradenuncia existentes» en este tipo de delitos. No obstante, según los especialistas no se sabe a ciencia cierta si el incremento se debe a que hay más violaciones o a que efectivamente la mayor concienciación hacia este problema y los esfuerzos realizados en los últimos años por el sistema penal para mejorar la acogida de las víctimas y evitar su revictimización han provocado que ahora se denuncien hechos que antes se sufrían en silencio.
El balance del Gobierno no permite saber cuáles de los delitos se han cometido en grupo, al estilo de la famosa Manada de los Sanfermines. Pero el portal Geoviolenciasexual.com realiza un seguimiento, a partir de los casos publicados en prensa, que revela que desde el 2016 hasta el 2021 se han producido lugar 274 agresiones múltiples. Estos datos indican, según Graciela Atencio, directora del proyecto, que las violaciones en manada son «más generalizadas de lo que se piensa» y han ido en aumento, salvo en los dos últimos años, que han descendido pero puede deberse centros educativos como en los hogares y, en muchos casos, la «falta de control parental» de unos progenitores que debido a las cargas laborales no tienen tiempo de educar adecuadamente a sus hijos.
En este contexto, la ley sí es sí es esperada como agua de mayo. Su tramitación se ha retrasado, en primer lugar, por las desavenencias en el seno del Gobierno entre PSOE y Podemos, después por las demoras de los órganos consultivos y, por último, por desencuentros entre los grupos parlamentarios. Pero, finalmente, el proyecto llega al pleno del Congreso con un amplio apoyo gracias a que se ha retirado del texto todo lo referente a la persecución del proxenetismo, con la idea de que la prostitución, que genera posturas enfrentadas, sea abordada en una norma específica.
Con ello, la ley de libertad sexual se centra en la prevención, atención y reparación de las violencias sexuales, con el fin de lograr un cambio cultural e institucional similar el que logró la ley contra la violencia de género. Una de las principales novedades del texto es que desaparece la división entre agresión y abuso sexual y todo acto no consentido explícitamente será considerado delito de agresión. Además, crea los centros de crisis 24 horas de atención a las víctimas, que gracias a los fondos europeos ya están comenzando a rodar y se prevé que haya uno por provincia en 2023. Y prevé la puesta en marcha de educación sexual en los centros educativos.
Según la catedrática de derecho penal de la Universidad de La Coruña, Patricia Faraldo, desde el punto de vista social y asistencial la ley supondrá un «antes y un después». No obstante, tanto Faraldo como Atencio avisan de que todo depende de que se «inyecten» los fondos necesarios para llevar a cabo las innovadoras medidas que contempla la norma. De no ser así, muchos de sus preceptos pueden quedar, como sucede con otras leyes, en «papel mojado».
Además, avisa Faraldo, en el ámbito penal los efectos positivos de la norma «dependerán de la acogida en los tribunales, que suelen ser bastante conservadores y les cuesta adaptarse a las reformas legislativas [...] y eso si no hay una resistencia ideológica, que también puede darse».