Parque habitacional público», asegura la ministra
que en el año anterior. Una situación que ha llevado al Bloco de Esquerda, antiguo socio parlamentario del Gobierno, a proponer una ley para impedir la compra de viviendas en Portugal por parte de ciudadanos o empresas que tengan su sede o su residencia permanente en el extranjero.
La descompensación entre la oferta y la demanda también está afectando al precio de los alquileres, que en Lisboa han aumentado un 36,9% en el último año, según la empresa especializada en el mercado inmobiliario europeo Casafari. La recuperación del turismo tras la pandemia ha vuelto a colocar miles de alojamientos en el mercado de corta estancia, un problema que se suma al elevado número de viviendas vacías en la ciudad. El Ayuntamiento de Lisboa calcula que hay cerca de 48.000 inmuebles desocupados en la capital, de los cuales unos 2.000 pertenecen al consistorio.
«Hay muchos pequeños propietarios que prefieren tener un inmueble desocupado porque no creen en la rapidez de la justicia en caso de litigio con el inquilino», explica a este diario el presidente de la Asociación de Mediadores Inmobiliarios de Portugal (APEMIP), Paulo Caiado. «Por otro lado, muchas casas desocupadas no reúnen condiciones para ser habitadas, y muchos propietarios no cuentan con los recursos adecuados para costear las obras necesarias para reformarlas», añade Caiado, que confía en que la inyección de cerca de 2.700 millones de euros de los fondos de recuperación europeos para políticas de vivienda ayuden a resolver el problema.
Pero a pesar de los esfuerzos del Gobierno portugués y de las administraciones locales para mejorar el acceso a la vivienda, por ahora no hay síntomas de un equilibrio entre oferta y demanda. El profesor de Geografía de la Universidad de Lisboa Luís Mendes asegura que las medidas del Ejecutivo para atraer a los propietarios al mercado del alquiler, a través de incentivos fiscales, no han funcionado. «Los propietarios tienen un cierto recelo a colocar las casas en el mercado de alquiler porque no confían en el Estado. Hay una narrativa de no colocar las casas vacías porque tienen miedo a que el Estado tome el poder administrativo, a un aumento de la carga fiscal y a la inestabilidad de las leyes».
El primer ministro, António Costa, anunció esta semana su intención de aprobar una nueva Ley de Vivienda, que incluirá la incorporación de más terreno urbanizable y nuevos incentivos fiscales para que los propietarios coloquen sus inmuebles en el mercado. Unas medidas que irán acompañadas de mayor oferta pública, según la ministra de Vivienda, Marina Gonçalves. «Solo seremos capaces de dar respuesta a las familias reforzando el parque habitacional público», dijo. El objetivo es tener lista la nueva ley este primer trimestre.