Condena al consistorio de Cosuenda por el despido de una funcionaria
La trabajadora puede elegir ser readmitida o indemnizada con 26.000 euros
Una auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Cosuenda deberá elegir entre ser readmitida o indemnizada con 26.485 euros tras declarar el Juzgado de lo Social Número 1 de Zaragoza su despido como improcedente. La trabajadora ocupaba un cargo de funcionaria laboral desde el año 2005 y era delegada sindical de CSIF desde 2018. La sentencia deja claro que el cese es nulo ya que el proceso selectivo para la provisión de la plaza de funcionario con el que se argumentó su despido en octubre de 2022 «ni se ha iniciado».
No es esta el primer contencioso que enfrenta a la trabajadora y al alcalde. La relación entre el alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente, y la auxiliar administrativa Susana Martínez comenzó a enturbiarse en 2019, cuando un tercero interpuso una querella por la autoría de una firma en un expediente administrativo que el regidor habría falsificado. Fue condenado en 2021 a 10 meses de inhabilitación para cargo público como autor de un delito de falsedad de certificado en la inscripción de las fincas afectadas por un proyecto de reparcelación del PGOU que tenía como finalidad la construcción de un tramo de la ronda de circunvalación de la localidad. En la misma resolución el tribunal absolvía al regidor de un delito de prevaricación.
Unos meses más tarde, en septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) absolvió al alcalde del delito de falsedad de certificado pese a que admitió que Lorente simuló la firma de la secretaria accidental (Susana Martínez) al considerar que fue «intrascendente a efectos de tráfico jurídico».
En la actual condena al Ayuntamiento de Cosuenda, la Justicia entiende que si bien el despido fue improcedente, «no ha quedado acreditado que ninguna de las actuaciones o decisiones del Sr. Lorente se hayan llevado a cabo como forma de presión o de venganza contra la Sra. Martínez por sus declaraciones en el en el procedimiento judicial derivado de esta querella».
Además, la trabajadora y el sindicato CSIF mantienen abiertos otros tres procesos judiciales contra el Ayuntamiento de Cosuenda. El sindicato había impugnado un proceso de estabilización.
Desde CSIF valoraron positivamente la sentencia. «Celebramos que los tribunales pongan coto a las actuaciones de algunos políticos, como ha ocurrido en Cosuenda», afirmó Jesús Gómez, responsable del sector de Administración Local de CSIF Zaragoza.