El Periódico Aragón

La ley ‘del sí es sí’ suma 943 rebajas y 103 agresores sexuales en libertad

Los datos no recogen las cifras de cuatro audiencias y tribunales superiores provincial­es En junio, el TS fijará doctrina en relación a los recursos contra las revisiones de sentencia

- CRISTINA GALLARDO CRITERIO DE LA FISCALÍA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue haciendo recuento de las rebajas en las condenas a agresores sexuales motivadas por la aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, que alcanzan ya a un total de 943 casos, de los que 103 han supuesto la excarcelac­ión del condenado.

Así lo señalan fuentes del órgano de gobierno de los jueces a este diario, que indican, en todo caso, que no se trata de datos oficiales porque aún resta por conocer la informació­n que deben aportar cuatro Audiencias Provincial­es (las de Guipúzcoa, Granada, Sevilla y Teruel), además de cuatro tribunales superiores de justicia (Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco). Añaden que hoy se podrá contar ya con toda los datos pendientes. La informació­n no se renovaba desde el pasado 2 de marzo, cuando el Consejo informó de manera oficial de 721 rebajas y 74 excarcelac­iones en toda España debido a las revisiones efectuadas por la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Los datos se conocieron un día después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anunciara que el Pleno se reunirá los próximos 6 y 7 de junio para fijar doctrina en relación con los recursos presentado­s contra esas revisiones. La postura del Supremo permitirá superar las discrepanc­ias que por el momento se han evidenciad­o entre las posturas de determinad­as audiencias provincial­es y el resultado de posteriore­s recursos ante la siguiente instancia, los tribunales superiores de justicia, que las han revocado.

Toda esta informació­n coincide, además, con la polémica política a cuenta de una nueva reforma penal que busca evitar que los casos futuros de agresión sexual –los delitos ya cometidos están afectados por la normativa actual– conlleven penas más bajas para los agresores sexuales. Las propuestas de los diferentes partidos, dirigidas a volver a incluir las circunstan­cias de violencia o intimidaci­ón a la hora de valorar las condenas por agresión sexual serán avaladas previsible­mente por el parlamento el próximo día 20. La previsión es que la Comisión de Justicia cree la ponencia el día 7 con la previsión de aprobar el dictamen al día siguiente, 18. Y que la sesión del pleno del jueves 20 dé el visto bueno definitivo de la Cámara. A partir de entonces será el turno del Senado.

Por el momento, el Supremo únicamente se ha pronunciad­o sobre peticiones de rebaja incluidas in extremis por las defensas de los condenados en algunos de recursos de casación, los que estaban aún pendientes de resolver tras la entrada en vigor el pasado octubre de la ley. Es decir, el alto tribunal no ha resuelto aún sobre el millar de rebajas producidas, que han empezado a llegar a este órgano tras ser recurridas por la Fiscalía. Así, será el Pleno de junio el que fije una posición doctrinal definitiva, previsible­mente resolviend­o sobre varios asuntos diferentes que puedan ser extrapolad­os a otros que también están sobre la mesa en el alto tribunal.

Por el momento, / los tribunales superiores de Castilla y León, Andalucía y Baleares han revocado decisiones de las audiencias provincial­es coincidenc­ia con la Fiscalía; mientras que en Madrid su alto tribunal ha hecho públicas sus primeras decisiones, en las que desoye frontalmen­te las instruccio­nes del Ministerio Público a cuyo frente se sitúa Álvaro García Ortiz. Dicho criterio pasa por entender que, en aquellos casos en los que la pena impuesta también fuera imponible con arreglo a la regulación resultante de la reforma, no procederá la revisión de la condena.

Está por ver si el Supremo acoge este criterio u opta por la aplicación sin más de la condena más favorable al reo, que es el principio que está causando las rebajas de pena en aplicación de la nueva ley.

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DAVID CASTRO La ministra de Igualdad, Irene Montero, en su escaño del Congreso.

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