Una rectificación necesaria
La reforma de la ley del solo sí es sí ha quedado lista para su ratificación en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves, una vez que la comisión de Justicia aprobó este martes el dictamen del proyecto con los votos a favor de PSOE, PP, Cs, Junts y el PNV y la oposición de Unidas Podemos, ERC y Bildu. Vox ni siquiera se molestó en votar el texto. La modificación de la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, venía justificada por la necesidad de poner coto a lo que desde el Gobierno se han denominado «efectos indeseados» de la norma y que básicamente han consistido en la revisión a la baja de las condenas de cerca de un millar de agresores sexuales, varias decenas de los cuales han quedado en libertad antes de lo previsto. Como se ha explicado hasta la saciedad, esos resultados no buscados de la legislación se han producido por el principio de retroactividad favorable en aplicación de la ley que les es más propicia, que en esta ocasión era, sin desearlo así los legisladores, la del sí es sí.
La rectificación auspiciada por el PSOE responde a la alarma social causada por esas excarcelaciones y reducciones de condena. Y la imposibilidad de llegar a las urnas con esta pesada mochila. La modificación no impedirá, sin embargo, que eso siga ocurriendo para aquellos agresores sexuales ya condenados, pero puede evitar que se repita en condenas futuras. Para conseguirlo se han introducido en la ley algunas correcciones que facilitarán a los jueces una interpretación más severa, al mantener un único delito de agresión sexual pero diferenciar entre si hubo violencia o intimidación o no, lo que implica que aumenten algunas de las penas mínimas. Para los socialistas esas modificaciones no alteran la esencia misma de la ley aprobada en septiembre, y que se centra en el consentimiento expreso para mantener una relación sexual, entendiendo que la ausencia de este supone un atentado contra la libertad de la otra persona y, por tanto, un delito. Los socios de Gobierno, en particular, las ministras de Unidas Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, consideran, por el contrario, que la reforma altera el principio básico de la norma y han cargado contra el PSOE por «adulterarla» y por «humillarse» al pactarla con el PP. Un reproche que no tiene sentido mientras la violencia por parte del agresor sexual no sea el requisito para una condena contundente.
De hecho, la imprescindible reforma ha provocado situaciones inéditas en esta legislatura tan polarizada. Ante la negativa de UP a modificar la ley, tal vez por la «soberbia infantil» que les atribuyó la exalcaldesa de Madrid Manuela
Carmena, el PSOE ha buscado en el PP el aliado necesario para poder aprobarla, lo que supone una notable excepción en lo que viene siendo la actitud de los dos grandes partidos, que hasta ahora han sido incapaces de pactar siquiera la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es, pues, loable que los populares se hayan prestado a este acuerdo, cuando podían haber caído en la tentación de dejar que el Ejecutivo se cociera en la salsa de su propio error. También es significativo el apoyo de los diputados de Junts a una modificación legal que debería poner fin a la idea de que existe impunidad para los violadores, justo el mensaje que, más allá de las consecuencias penales concretas, quería imprimir en la opinión pública la ley.