Aragón tiene ya 3.000 viviendas en cartera sin el impulso estatal
El parque público solo se ha ampliado en 155 casas durante la presente legislatura Zaragoza refleja la crisis del ladrillo y muestra signos de una leve recuperación
El anuncio del Gobierno central de la movilización de casi 50.000 viviendas de la Sareb, o banco malo, con las otras 43.000 que a través de créditos ICO se destinarán a alquiler social ha revolucionado el mercado inmobiliario y refleja la apuesta por la vivienda pública. A la espera de saber con exactitud los efectos que tendrá en cada región, Aragón guarda en la cartera casi 3.000 viviendas en diferentes momentos del proyecto.
Porque la presente legislatura no se ha caracterizado, precisamente, por el movimiento del parque público. 155 viviendas conforman el impulso del Gobierno de Aragón. 117 de ellas se han sacado adelante con el fondo de cohesión territorial y su destino será el alquiler social. La otra gran apuesta del Ejecutivo autonómico se enclava en los parques de maquinaria ferroviaria, de camineros, que ha recuperado 20 viviendas en Teruel y seis en Alcañiz. Además, la Dirección General de Vivienda compró doce nuevas casas que ya se han incorporado a la bolsa de alquiler social.
Sin salir del proyecto Camineros, la DGA ya trabaja en la rehabilitación de otras nueve viviendas en Graus. El Fondo de Cohesión Territorial también sigue a pleno rendimiento y con el plazo de solicitudes de este año ya cerrado, el objetivo que se quiere alcanzar es de 60 viviendas más a través de este plan.
Fuera de estas tres líneas de actuación que sí han materializado viviendas en estos cuatro años de curso político se suceden los proyectos que muestran que el parque público, y su ampliación, está muy de moda.
En el entorno de Valdefierro se anunciaron hace un par de semanas 323 viviendas de protección oficial, de las cuales 56 pertenecerán al Gobierno de Aragón.
El proyecto de Avenida Pirineos prevé la construcción de 336 alojamientos en régimen de alquiler. En el Buen Pastor es un modelo parecido y se prevén otros 300 alojamientos.
Suelo y Vivienda de Aragón tiene 21,3 millones para comprar pisos que se incorporen al parque público. Ya se están estudiando las primeras 48 ofertas realizadas y el objetivo del programa es llegar hasta las 200 viviendas.
Si la compra de esta empresa pública es importante, lo es más la que se va a llevar a cabo con fondos MRR. El montante, que asciende hasta los 29 millones de euros destinados a nueva vivienda para el alquiler, quiere hacerse con 547 nuevas viviendas. Todas estas casas salen adelante a través de ocho acuerdos, que ya están firmados.
El repaso termina en el Altoaragón. En Huesca ya están en marcha 27 viviendas en la Merced, que crecerán finalmente hasta las 88 que conformarán la urbanización definitiva. Este verano, además, arrancan las obras de 90 VPO en la capital altoaragonesa, de las cuales 15 se destinarán al alquiler público.
En Zaragoza el mercado de la vivienda protegida ha empezado a moverse, no tanto como las promociones de lujo como las de los depósitos de Pignatelli, María Agustín o el barrio del AVE. El año pasado, pese a la caída del número de licencias aprobadas por la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, con 1.306, se firmaron autorizaciones para más VPA que en los tres años anteriores, con 236.
La cifra es infinitamente inferior a los mejores años en la capital. Lejos, muy lejos, quedan esas 2.500 licencia para vivienda protegida que se sellaron en 2006. Con el sector inmobiliario en plena ebullición, ese año, la mitad de las licencias que se registraban en el consistorio eran de VPA. Incluso llegaron a ser más que las libres, como ocurrió en 2009 y en 2010, cuando se concedió permiso para construir 2.495 y 1.377, respectivamente.
El boom inmobiliario explica que desde entonces la cifra ha ido cayendo sin parar hasta quedarse a 0 en 2019. El peor año de las últimas dos décadas. Ahora parece que empieza a levantar cabeza, pero muy poco a poco. En 2020 se dio licencia para 160 pisos, en 2021 para 130 y el año pasado para 236.
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