Los empleados universitarios pelean por recuperar la prima por jubilación
El Supremo declaró nulo el «premio» a los jubilados y buscan mantener la prestación Los trabajadores de la Universidad se concentran hoy por la mañana en el Paraninfo
Los empleados públicos de la Universidad de Zaragoza se reúnen hoy a las 8.30 horas en la puerta del Paraninfo universitario para reclamar la prestación de acción social que hasta el mes de marzo recibían en el momento de su jubilación.
Fue el pasado 9 de marzo cuando el Tribunal Supremo decretó que el conocido «premio a la jubilación» era ilegal, por lo que no podía darse a los empleados públicos. Una prestación que estos trabajadores no quieren perder y por la que buscan nuevas fórmulas. La acción social es una retribución que se acumula a lo largo de toda la vida laboral.
El conflicto nace porque en Aragón, según afirman los sindicatos que lideran la protesta, no existe una norma o ley de función pública, por lo que hay que buscar una fórmula diferente.
La mesa de la junta de personal de la Universidad de Zaragoza lleva un tiempo trabajando en una solución técnica que ya se encuentra sobre la mesa. «La intención es incluirlo dentro de la carrera profesional de los trabajadores públicos y que se pague en los tres últimos años de trabajo, junto antes de jubilarse», afirma Rubén
Lafuente, presidente de la junta de personal de la universidad y miembro del sindicato mayoritario Somos. Este planteamiento lo refrenda la delegación en el centro educativo de UGT, también presente en esta mesa. El pago de esta retribución se aplica de la siguiente manera: cumplidos los diez años de trabajo, se cobrarán en la jubilación tres mensualidades y, a partir de entonces, cada cinco años dentro de la Universidad, una mensualidad.
Este complemento a la jubilación no es la antigüedad, sino la mencionada «acción social», otro programa creado en la década de los 90 para complementar los bajos salarios de los trabajadores públicos del sistema educativo. «Hay empresas privadas que tienen programas similares, que funcionan de la misma manera», detalla Lafuente, que conoce casos de corporaciones del sector privado que ofrecen esta retribución a sus empleados cada mes. El presidente de la junta de personal afirma que la media de esta prestación hasta la fecha ronda los 18.000 euros, «aunque cada trabajador, en función de su rango y del tiempo que ha trabajado en la universidad, cobra más o menos cuando llega a la jubilación, como es lógico». ,
Pero, ¿qué sucede con aquellos trabajadores que se jubilaron después de la sentencia del 9 de marzo? ¿O con aquellos que lo hagan en los próximos meses, si no se resuelve la propuesta?
Una solución, también «técnica» según afirman las dos organizaciones sindicales, que pasa por imitar un modelo de ayuda y subvención ejecutado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hace poco tiempo. «Se mantendrá la igualdad de condiciones y el objetivo es que la persona jubilada presente un programa mentor», detalla Lafuente. Este proyecto de mentoring se realizará para facilitar la adaptación de aquellos trabajadores que sustituyan a los jubilados, mediante varias memorias escritas en las que se expliquen los procesos a realizar o manteniendo reuniones entre aquellos trabajadores que abandonan el puesto y los nuevos que se incorporan.
Pese a que las posiciones están cercanas y las propuestas parecen lógicas a ambos lados de la mesa de negociación, los trabajadores públicos de la Universidad de Zaragoza regresan hoy a la calle para reclamar el importe íntegro de esta contribución, ya que advierten de que la intención del centro es «reducir el importe que se paga a cada uno de los trabajadores, aprovechando la sentencia del Supremo».
«No vamos a tolerar que los trabajadores reciban menos de lo que se merecen», confirman des
se aplicará a los jubilados en 2022 y en 2023
de UGT, que critican que «no se vayan a cumplir los importes o que no se complemente a los empleados con toda esa mochila que se ha acumulado con el paso de los años».
«La reducción que plantean se hace aludiendo a que se incumple con lo presupuestado para la carrera profesional de los empleados públicos de la universidad», amplía Lafuente, que considera que en el seno de las organizaciones sindicales se sabe que «hay dinero, el único problema es cómo lo quieren repartir desde la universidad».
Esta partida económica deberá crecer con el paso del tiempo, ya que la edad media de los trabajadores de la Universidad de Zaragoza es cada vez más alta, superando los 50 años. Según las últimas previsiones, más de un 25% de los profesores de la universidad se jubilarán antes de 2030.
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