El ecologismo radical italiano agita el debate medioambiental
La derecha intenta frenar sus protestas a base de fuertes multas
El Gobierno de Giorgia Meloni quiere dar batalla a los nuevos activistas del clima y frenar sus protestas disruptivas. Pero ellos están dispuestos a seguir adelante: no se plantean dar marcha atrás. Esto es la síntesis del último (y novedoso) incendio político que acecha la sociedad italiana en estos días. «No podemos pagar sanciones de 1.300 euros, así que si nos multan con 60.000 nos da igual», respondió Giulio Giuli, de Ultima Generazione (Última Generación), grupo italiano del nuevo ecologismo radical.
Giuli intervino así al ser preguntado por uno de los últimos diseños de ley (han sido tres) promovidos por la derecha italiana para frenar a los grupos que tratan de llamar la atención con acciones contundentes sobre la gravedad de la situación climática. Un proyecto de ley que prevé, además de multas hasta 60.000 euros, también penas de prisión de hasta tres años. Y que, pese a que aún debe ser aprobado por el Parlamento para entrar en vigor, ya ha recibido luz verde del Consejo de Ministros transalpino.
FORZAR EL CAMBIO Ultima Generazione / es uno de los grupos de ecologistas que en Europa están recurriendo a estrategias polémicas para concienciar y forzar cambios. Fundado en 2021 por algunos exmiembros de Extinction Rebellion (cuyas acciones el grupo considera demasiado blandas) e integrados también por exactivistas de Friday For Future, su protesta se articula en actos de desobediencia civil. Principalmente, cortes de tráfico en zonas muy concurridas y ataques a obras de arte o a edificios históricos con materiales que, de momento, no han provocado daños irreparables en las instalaciones que han sido víctimas de estos actos reivindicativos.
El debate bulle en Italia. Mientras que un sector de la población considera que son vándalos y reclaman para ellos castigos ejemplares, otros consideran que, tras el shock inicial, el grito de desesperación de esta nueva generación de activistas es legítimo y empieza a captar cierto consenso, en uno de los países europeos más afectados por la crisis climática.