El Congreso aprueba la ley de vivienda en plena precampaña
La norma, una de las medidas estrella de la legislatura, topa las subidas de alquiler El Gobierno contó con el apoyo de ERC, EH Bildu, Más País y Compromís
En la madrugada del 25 de octubre de 2020 en el seno del Gobierno de coalición se negociaban los primeros Presupuestos de la alianza PSOE-Unidas Podemos. A escasas horas de que los socialistas quisieran aprobar el proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros, los morados se plantaron. Aquella noche, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, mano a mano, desencallaron la negociación con el compromiso de impulsar una ley de vivienda. Novecientos trece días después, el Congreso de los Diputados, en una ajustada votación, aprobó la primera normativa de vivienda de la historia de España que permitirá limitar el precio de los alquileres.
PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de ERC, EH Bildu, Más País y Compromís –176 votos favorables– consiguieron sacar adelante una de las leyes estrella de la legislatura y que, sin duda alguna, se encuentra entre las cinco normas que más quebraderos de cabeza ha traído al Gobierno. Tras casi un año y medio de negociaciones en el seno del Ejecutivo y prácticamente el mismo tiempo en la Cámara baja, la ley dio uno de sus últimos pasos a las puertas de los comicios autonómicos y locales del 28M. Este argumento, el del «electoralismo», lo esgrimieron varias formaciones, entre ellos PP, Vox, Cs y otros grupos minoritarios para votar en contra. También se opusieron, aunque alegando invasión de competencias autonómicas, PNV, Junts y PDECat. En total, 167 noes. Tan solo hubo una abstención, la del BNG.
Sin embargo, el acuerdo que cerró el Gobierno de coalición con los republicanos catalanes y la formación abertzale hace dos semanas dio vía libre a la norma. Además, su aprobación, coincide con los continuos anuncios del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la creación de un total de 113.000 viviendas públicas en los próximos años. «Con esta ley de vivienda, con las palancas que se reconocen legislativamente y con todo el impulso que vamos a dar a la promoción de vivienda pública creo que vamos a poder cambiar el paradigma y convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad», sentenció el jefe del Ejecutivo tras aprobarse la norma.
Las dos formaciones del Gobierno intentaron reivindicar la norma como propia. Tanto la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, como la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, principales negociadoras de la ley, aplaudieron el logro que se consiguió ayer. «Es una ley de esperanza para los jóvenes» que convierte la vivienda en «el quinto pilar del Estado de bienestar», aseveró la dirigente socialista. Además, recalcó que se trata de un texto legislativo «sólido jurídicamente», que «respeta el marco de las competencias de las comunidades autónomas» y que «no va en contra de nadie».
No lo ve / de la misma manera la secretaria general de Podemos. «Hoy pierde la banca, los buitres, los fondos de inversión y gana la gente, los inquilinos e inquilinas que tienen una hipoteca. Han sido años de trabajo muy duro, pero que nadie se lleve a error, hoy no termina nada», sentenció Belarra desde la tribuna del Congreso. La ministra, que heredó la negociación de manos de Iglesias, señaló que las conversaciones con los socialistas han sido «muy difíciles», debido a los «muchos intereses en juego» y que, por tanto, estarán «vigilantes» a que se cumpla a rajatabla. Además, de manera velada, criticó los anuncios de Sánchez sobre la construcción de vivienda: « Lo fundamental no es solo construir, sino hacer que los promotores privados cumplan y se responsabilicen. Ese es el verdadero avance de esta ley».
Los negociadores de ERC y Bildu también defendieron la norma. La diputada republicana catalana Pilar Vallugera reivindicó que «el proyecto de ley era impresentable», pero que durante un tira y afloja que ha durado más de 400 días han logrado modificar todos los artículos, a excepción de uno. Por su parte, el portavoz abertzale, Oskar Matute, admitió que «es un paso corto» para lo que hubieran deseado, pero «un paso necesario» y ante las críticas de algunas formaciones nacionalistas dijo que «se garantiza el respeto a las competencias» y que «no es un texto centralizador, sino habilitante».
La norma elimina el IPC como índice de referencia para la actualización de la renta, fijando un máximo del 2% para este año, del 3% para 2024 y a partir de 2025 se creará un nuevo índice al que deban ajustarse esas subidas. Además, deja en manos de las comunidades autónomas la declaración de zonas tensionadas, donde los pequeños tenedores no podrán subir los precios al realizar nuevos contratos (salvo excepciones) y los que tengan 10 o más inmuebles deberán ajustar las rentas a un índice creado por el Ministerio de Transportes.
Por otro lado, la norma incluye que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador. También incorpora medidas de protección frente a los desahucios, prohibiendo los lanzamientos sin fecha y hora predeterminada e incluyendo nuevas prórrogas en los procedimientos de desahucios. Además, obligará a reservar el 40% de las nuevas promociones de vivienda a vivienda social. No obstante, quedan sin regular los alquileres turísticos, como ha reclamado Unidas Podemos y otras formaciones, después de que el PSOE se negara por ser competencias autonómicas.
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