El Gobierno prevé 1,1 millón de empleos en cuatro años
El Plan de Estabilidad España comunica a Bruselas que prevé un ajuste de 21.000 millones Mantiene la estimación de crecimiento del PIB del 2,1%
El Gobierno prevé que la economía española mantendrá «una senda de crecimiento robusto» durante el periodo entre 2023 y 2026 que permitirá la creación de 1,1 millones de puestos de trabajo en estos cuatro años (hasta el entorno de los 21,6 millones de personas), así como reducir la tasa de paro hasta el 9,8% de la población activa en el último ejercicio de la proyección (tres puntos por debajo del 12,9% con que se cerró 2022).
Estas son algunas de las líneas maestras del cuadro macroeconómico revisado que el Gobierno española remitió a Bruselas ayer, dentro de la preceptiva Actualización del Plan de Estabilidad 20232026 que todos los estados miembros deben remitir a la Comisión Europea antes del 31 de abril. En el documento, el Gobierno compromete a España a un ajuste estructural primario de su presupuesto de 1,6 puntos de PIB a lo largo de este periodo (equivalente a algo más de 21.000 millones de hoy en cuatro años) para lograr reducir el déficit público hasta el 2,5% del PIB en 2026.
El escenario macroeconómico diseñado en el Plan de Estabilidad mantiene en el 2,1% la previsión de crecimiento de la economía para 2023, después del incremento acelerado logrado en la primera parte del año, con un avance trimestral del 0,5% impulsado por la inversión y las exportaciones, según los datos publicados por el INE este mismo viernes.
El Plan de Estabilidad también mantiene la previsión de un crecimiento del 2,4% para el año 2024. Para los dos años siguientes se proyecta un avance más moderado –del 1,8% en 2025 y del 1,7% en 2026–, más cercano a lo que ahora se estima que será el crecimiento potencial de la economía en 2026 (el 1,6%). Tal como anticipó el jueves la vicepresidenta Nadia Calviño, el Ejecutivo ha adelantado al ejercicio 2024 el objetivo de rebajar el déficit público al 3% del PIB, una meta que permitiría a España esquivar la disciplina presupuestaria reforzada que prevé incorporar Bruselas en las nuevas reglas fiscales para embridar las cuentas públicas de los países con mayores desequilibrios.
En cuanto a la deuda pública, el Gobierno describe una línea que pasa del 113,2% del PIB en 2022 al 106,8% en 2026, muy lejos, en todo caso, de la referencia del 60% que marcan las reglas de estabilidad de la UE. La senda fiscal planteada para el periodo entre 2023 y 2026 incluye una reducción gradual del déficit, desde el 3,9% del PIB previsto para 2023 hasta el 2,5% en el último año de la proyección (el ejercicio 2022 cerró con un desfase del 4,8%). Según los cálculos del Gobierno, esta senda incluye una corrección del llamado saldo estructural primario de 1,6 puntos de PIB (equivalente a unos 21.233 millones de euros de 2023). Dicho de otro modo: el Gobierno estima que para reducir el déficit al 2,5% del PIB en 2026 será preciso un ajuste estructural de más de 21.000 millones en el gasto del conjunto de las administraciones (sin contar intereses de la deuda pública ni variaciones de los ingresos y los gastos ligados al ciclo económico).
El Gobierno / confía en la posibilidad de lograr ese ajuste sin necesidad de grandes sacrificios. Por una parte, confía en que un aumento de la presión fiscal desde el 39,7% del PIB en 2023 al 40,6% en 2026, sin necesidad de nuevas subidas de impuestos, sino, sobre todo, por efecto del crecimiento económico y del empleo sobre la recaudación de impuestos y de cotizaciones. Por otra parte, se prevé que el gasto público reducirá en un punto su peso en el PIB en 2024 (hasta el 46,3%) al tiempo que se normaliza la presión derivada de la crisis sanitaria y de la guerra de Ucrania.
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