Patronal y sindicatos acuerdan la paz social hasta el año 2026

Mercado laboral El preacuerdo para subir un 10% los sueldos desactiva las movilizaciones por razones salariales Los empresarios han atravesado lo que había sido una línea roja: vincular, en parte, sueldos al IPC

Cuatro días pasaron desde los parlamentos del Primero de Mayo, en los que los sindicatos mayoritarios amenazaban a la CEOE con un otoño caliente, hasta el preacuerdo alcanzado para renovar el acuerdo salarial. «Garantiza la paz social para los próximos tres años», valoró el presidente de la histórica patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Y es que el pacto que los agentes sociales formalizarán esta semana promete desactivar los incipientes fogonazos de protesta que durante el último año comenzaban a repuntar. Y que en otros países vecinos de la UE han desencadenado durante las últimas semanas y meses movilizaciones masivas en Francia, Portugal y Alemania.

De amenazar con el «aliento de las calles», según dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a acordar un incremento salarial de al menos el 10% hasta 2025. Los agentes sociales han logrado desencallar, tras un primer intento fallido durante 2022, su hoja de ruta para subir sueldos durante los próximos tres años. Las centrales han moderado su reivindicaciones y los empresarios han atravesado lo que inicialmente fue una línea roja: vincular, en parte, sueldos al IPC. Y esa entente, celebrada tanto por el líder de la oposición como por la vicepresidenta segunda del Gobierno, pretende alargar los actuales bajos índices de conflictividad laboral.

Pese a que /

2022 fue un auténtico annus horribilis para los salarios, esa devaluación del poder adquisitivo de las familias no se tradujo en protestas multitudinarias. Según los datos de huelgas y paros patronales recopilados por el Ministerio de Trabajo, durante el ejercicio pasado se convocaron un total de 679 huelgas, seguidas por 192.751 trabajadores, cerca del 19% de los convocados. No son registros propios de crisis económica ni de tensión en las calles, sino más bien de un ciclo de bonanza económica. Para encontrar seguimientos tan bajos en los paros hay que retrotraerse a antes de la aprobación de la reforma laboral del PP, en 2012.

Exceptuando paros en sectores puntuales que tuvieron incidencia y eco mediático, como fue el caso de la huelga del metal que se vivió en las calles de Cádiz, las protestas fueron residuales y ello se plasma en la cantidad de jornadas laborales perdidas. Según datos de Trabajo se dejaron de trabajar un total de 709.099 jornadas, un dato sustancialmente superior a los de 2020 y 2021, marcados por la pandemia. Pero se perdieron menos que en 2019, con unos niveles de precios sustancialmente inferiores a los que castigan actualmente a la mayoría de hogares.

De esa paz social no serán cofirmantes los sindicatos ajenos al bipartidismo de CCOO y UGT, lo que sí puede provocar que en determinados sectores, donde centrales más combativas tengan fuerza, pueda haber conflictos. En Cataluña, según los últimos datos recopilados por la Generalitat, el 80,3% de los delegados sindicales escogidos tienen el carnet de CCOO o de UGT.

El acuerdo salarial en el sector privado llega precedido desde hace meses por un acuerdo previo en el sector público. El sueldo de los funcionarios subirá entre el 8,5% y el 9,5%, dependiendo de variables como el PIB y la inflación, hasta el 2024, lo que acota también la posibilidad de protestas entre los empleados públicos por demandas salariales.

No obstante, ese / escenario de paz social puede verse perturbado por las elecciones generales que tendrán lugar este año. Y es que hasta ahora las centrales mayoritarias han mantenido una buena relación con el Gobierno de coalición y han logrado introducir parte de su agenda en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Y la posibilidad de que un gobierno diferente salga de las próximas urnas del 28M y derogue o modifique leyes de las que los sindicatos son cofirmantes puede cambiar el guion. De momento, el principal partido de la oposición, el PP, no ha manifestado una posición clara sobre si derogaría o no las reformas laboral y de pensiones en caso de imponerse en las urnas y lograr formar Gobierno. Ya veremos qué dice en los próximos días.

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