Extrabajadores del Inaga alertan del visto bueno a expedientes sin informe
Funcionarios cesados critican que ha primado «la rapidez a la calidad técnica» «A los políticos no les interesa el medio ambiente; les interesa sacarlo todo rápido»
Los extrabajadores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), cesados por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, a finales del pasado mes de abril, aseguran que el organismo ambiental ha aprobado expedientes para proyectos vinculados con el desarrollo de las energías renovables que «no están amparados por informes técnicos de funcionarios de la casa». Hablan, desde el anonimato que prefieren mantener, de «propuestas de resolución que se presentaban de un día para otro, pero sin informe técnico de ningún funcionario especialista en energías renovables».
Una práctica que, según denuncian, se viene desarrollando desde el verano de 2022, coincidiendo con los últimos meses habilitados para la aprobación de expedientes antes del 25 de enero de 2023. Esta es la fecha fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica como límite para recibir las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los proyectos de energías renovables en virtud del real decreto 23/20. En él se establecían los plazos temporales para que los proyectos de generación de electricidad cumplan determinados hitos
Imagen de archivo de una planta fotovoltaica en Aragón.
de la tramitación desde que reciben los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas, con el riesgo de perder dichos derechos.
Lo que el Partido Popular en las Cortes de Aragón calificó como «purga» de funcionarios el pasado martes, los afectados no lo califican como tal. Pero reconocen que han sido cesados y trasladados a otros servicios del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y muestran su oposición a la tramitación de los expedientes vinculados a las energías renovables en Aragón. En uno de los casos, explican, el cese es posterior a que el empleado en cuestión se negara a
culminar un expediente «en 24 horas», «que es lo que pedía el director del Inaga». «Se me pide culminar un expediente para el día siguiente, antes del 25 de enero. Yo dije que era imposible hacerlo. El director del Inaga me decía que era imprescindible. Entonces, me retiraron el expediente y lo acabaron resolviendo en la subsección de Energías Renovables del Inaga, con una propuesta de resolución favorable al día siguiente. Tenían prisa y lo hicieron», afirma.
Con todo, esta misma fuente asegura que «no le consta» que se haya pedido a funcionarios firmar informes sobre proyectos a sabiendas de que eran incorrectos. Pero añadió que la subsección encargada de las renovables se quedó sin personal funcionario específico el pasado verano: «Malamente puede haber funcionarios firmando nada porque no los hay en el servicio», concluyó. Los expedientes llegan, según afirman, con la firma del secretario o del director del Inaga, directamente. Sin informe previo.
La lectura que hacen los trabajadores cesados del Inaga es que «a ningún político del país le interesa el medio ambiente». «Pero lo que hay que hacer, que así lo dice la Constitución Española, es proteger el medio ambiente», añaden.