Podemos propone duplicar el impuesto a la banca
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Unidas Podemos arrancó ayer la campaña electoral con fuerza. En el primer día de competición, los morados registraron una proposición de ley para duplicar el impuesto temporal a la banca que se aprobó a finales del pasado año. El gravamen, que está ya vigente y afecta a las cuentas de 2022 y 2023, está en el 4,8%. Sin embargo, Unidas Podemos quiere elevarlo hasta un 9,6%. Además, en la iniciativa plantean que la cantidad recaudada sirva para crear un fondo de responsabilidad social cuyo objetivo sea ayudar a las familias más vulnerables con el pago de la hipoteca.
Desde hace meses, los morados llevan planteando la necesidad de poner en marcha medidas para que las familias no tengan que hacer frente a la creciente subida de las hipotecas de tipo variable debido a la inflación. En este sentido, reprocharon a las entidades bancarias que el año pasado aumentaran sus beneficios, pese a que se impuso este nuevo impuesto del 4,6% y que estará en vigor durante este año y el próximo.
Plantean subirlo del 4,8% al 9,6% y crear un fondo responsabilidad civil
A este respecto, fuentes de Unidas Podemos consideran que hay margen para duplicar este gravamen.
El Gobierno de coalición, cuando presentó el impuesto, junto al dirigido a las grandes energéticas, preveía ingresar 1.500 millones en cada uno de los dos años. En febrero, las entidades financieras ya ingresaron en la Agencia Tributaria el 50% del impuesto correspondiente, lo que supuso 637,1 millones de euros. Así, de prosperar la iniciativa de Unidas Podemos –algo difícil–, las arcas del Estado podrían llegar a recaudar cerca de 2.550 millones.
Con la recaudación quieren establecer una ayuda que permita a las familias vulnerables reducir a la mitad la subida de la cuota mensual de la hipoteca. Esta operación, explican, saldría de calcular la diferencia entre la cuota correspondiente a la última revisión y la cuantía que esta tuviera en febrero de 2022. Además, proponen que también se puedan beneficiar los locales comerciales y oficinas, siempre y cuando éstos sean propiedad de pymes o autónomos.
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