Medidas polémicas pero necesarias
Es probable que el día que daba comienzo la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas no fuera el más acertado para reunir de manera extraordinaria el Consejo de Ministros y anunciar medidas destinadas a mitigar los efectos de la sequía que padece el país. El paquete aprobado por el Ejecutivo presenta una equilibrada distribución para los territorios y los sectores más afectados por la escasez de agua, pero las medidas llegan tarde. Los pantanos no se vacían ni se llenan en un par de semanas, y hace muchos meses que los meteorólogos nos mostraban el descenso imparable de su nivel al tiempo que predecían cielos poco propicios a las lluvias. En consecuencia, la crítica de la oposición sobre la fecha escogida es difícil de rebatir. Las medidas adoptadas incluyen: ayudas al sector primario, medidas fiscales y de apoyo a la liquidez, facilitar las ayudas procedentes de la Política Agraria Común, inversiones destinadas a mejorar la gestión del agua y su reutilización, el apoyo a los regantes, la creación de nuevas infraestructuras, así como la protección de las personas trabajadoras afectadas por las altas temperaturas. Está por ver si todas estas acciones podrán atenuar los daños de la crisis hídrica a corto o medio plazo, pero lo que es seguro es que un problema de este calado requerirá un mayor compromiso en el futuro.
El decreto va acompañado de una dotación presupuestaria de 784 millones de euros del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y otros 1.400 millones procedentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La Administración tiene ahora el desafío de que estos fondos lleguen a sus destinatarios en el menor tiempo posible, pues muchas cosechas ya han quedado irremediablemente dañadas por la sequía y los campesinos necesitan ayudas para poder encarar la próxima temporada. La colaboración entre la Administración central y las administraciones autonómicas concernidas constituye otro reto. Particularmente en los casos en los que se ha anunciado que el Estado asume obras de interés general que correspondían, en principio, a las comunidades autónomas, como la construcción de desaladoras en Málaga, Almería y Cataluña.
Desde una perspectiva más amplia, conviene escuchar a quienes argumentan que la sequía que padecen España y los demás países del sur de Europa es el resultado de un cambio climático que requiere actuaciones de mucha mayor envergadura. Pese a las medidas anunciadas y a otras destinadas a evitar las pérdidas que se producen en la canalización del agua de boca y a promover una cultura de la sostenibilidad, los países mediterráneos nos enfrentamos a un futuro donde el agua será un recurso cada vez más escaso. Como se ha comprobado en el caso de Doñana, ello provocará conflictos de difícil solución entre el interés general y los intereses particulares. La tecnología puede aportar soluciones, pero no es seguro que permita mantener el modelo agropecuario existente en España. Los políticos y las instituciones deben abordar cuanto antes, y sin ánimo electoral, la cuestión de fondo de la compatibilidad de nuestro actual modelo agropecuario con las previsibles consecuencias que tendrá para nuestro país el cambio climático.
El decreto