Vallejo, protagonistas del rechazo social a la infraestructura
«La unión de las estaciones está muerta». El consejero de Vertebración y candidato de CHA, José Luis Soro, certificó días atrás con esta rotundidad, como si de un médico forense se tratara, la defunción del proyecto de unión de Formigal y Astún por Canal Roya a través de una telecabina. En estos cuatro años, la polémica infraestructura ha flotado en el ambiente político y en la mente de empresarios del Pirineo interesados en su construcción aunque, eso sí, en forma de holograma intangible y hasta ahora irrealizable.
En 2014, el Gobierno de Aragón, presidido por la popular Luisa Fernanda Rudi, habló por primera vez de la unión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú. El proyecto sufrió un frenazo porque necesitaba de una montaña de millones sufragados por la iniciativa privada, que no llegaron.
El diseño impulsado por el Gobierno del socialista Javier Lambán, que asegura respetar el medioambiente, uniría los casi cinco kilómetros que separan Astún de Formigal a través de una telecabina, lo que suponía erigir 37 pilonas de grandes dimensiones, construir una estación intermedia y una carretera de evacuación; conectar las pistas de esquí de Astún y Formigal en veinte minutos y desplazar a 2.400 personas por hora. ¿El coste de toda la infraestructura? Más de 30 millones de euros, de los que 26 debían proceder de Europa.
El Gobierno aragonés considera que el proyecto ponía a Aragón en el mapa internacional del deporte de la nieve y así competir con Cataluña, además de potenciar «uno de los motores económicos básicos de la zona». Sin embargo, las asociaciones ecologistas denuncian que suponía la destrucción de un paraje virgen a los pies del pico Anayet de gran valor medioambiental, geológico y etnográfico, que «cuenta con una rica variedad de fauna y de flora y que sirve de corredor ecológico entre los valles del Aragón y de Tena». De nuevo, en la diana el debate permanente entre quienes se oponen al hormigón en el Pirineo y quienes residen en la zona y ven en proyectos como este una ocasión para seguir viviendo allí.
La polémica unión de estaciones por Canal Roya ha sido un asunto tabú, aunque ello no ha impedido que haya sobrevolado sobre el tapete político desde el mismo instante en que el Gobierno del cuatripartito se sentó por primera vez en la mesa del Consejo de Gobierno, en septiembre de 2019. Pero el muerto ha cobrado vida en los últimos suspiros de la legislatura. De haber resucitado antes, hubiera sido el suicidio del cuatripartito por las posturas radicalmente en contra de CHA y Podemos.
Recién estrenado el cuatripartito en 2019, el Gobierno de Aragón se sometió al primer test de resistencia consecuencia de una infraestructura relacionada con la nieve: la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, justo en el término municipal de Montanuy, donde hay 17 núcleos que apenas suman 200 habitantes. CHA y Podemos siempre se habían opuesto a esta actuación.
El proyecto logró sortear la oposición de ambos partidos haciendo zozobrar la estabilidad del cuatripartito, aunque sin provocar su caída.
En septiembre de 2021, la ampliación de Cerler cobró forma con el primer telesilla a Castanesa instalado. Se logró así, aunque con algún rasguño, sofocar el primer conato de crisis entre los socios del Pignatelli por un plan relacionado con la nieve. La pandemia del covid y la invasión rusa de Ucrania contribuyeron a enfriar el proyecto hasta que a principios de este año el director general de Medio Ambiente, el podemista Diego Bayona, reclamó la reactivación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de AnayetPartacua.
Fue un intento de boicotear la construcción de la telecabina de uno de los socios del propio Gobierno. Fuego amigo procedente de Podemos, socio de la coalición y que soliviantó al presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, institución promotora de las obras. Este exigió la dimisión de Bayona, reclamación que fue desoída por un Lambán contrario a hacer saltar el Gobierno a final de legislatura. Desde entonces, se precipitaron los acontecimientos. El Gobierno autonómico aceleró la tramitación del proyecto e incluso, a principios de febrero, reunió a todos los protagonistas en la firma del contrato que suponía lo que parecía el banderazo de salida de esta infraestructura. CHA y Podemos expresaron su oposición tajante en público y en la misma mesa del Consejo de Gobierno.
«Que todo el mundo lo tenga claro, este proyecto se va a acometer», advirtió la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, en la tribuna de las Cortes a principios de febrero. Se reafirmó en sus palabras al menos en cinco ocasiones: «Lo puedo decir más alto, más claro o en otro idioma, pero el 14 será el punto de partida de la unión de estaciones. Se va a realizar, nunca hemos estado tan cerca. Cero dudas».
Dos meses más tarde, a finales de abril, la misma Gastón dio la vuelta a su discurso como si fuera un calcetín y dejó la última decisión en manos de la DPH: «Si el territorio no responde, es el promotor quien debe reflexionar y decidir si se sigue». A principios de mayo, Lambán dio el proyecto por finiquitado y los 26,4 millones de la UE buscaron destinos turísticos menos polémicos, por concretar.
Es la consecuencia al rechazo de Jaca y Sabiñánigo; la renuncia a impulsarlo de la DPH; la amenaza de IU de llevar el tema a Bruselas, la protesta social en el Pirineo y en Zaragoza, las dudas de la UE y la oposición de la escritora Irene Vallejo y Eva Amaral. Demasiados frentes a escasos días de la cita con las urnas. Es un muerto que ha demostrado estar muy vivo al final de la legislatura y quién sabe si resucitará tras el 28 de mayo.
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Blásquiz
Amaral e Irene