Cuando la inflación perjudica la salud
En cualquier supermercado se puede observar la subida de precios en la cesta de la compra que afecta a nivel general en todos los bolsillos, pero los efectos de esta inflación no son iguales para todos. Afecta a los más vulnerables, y hay un indicador que hace evidente esta desigualdad: la salud de la población. El poder adquisitivo es un factor determinante –aunque no el único– en la calidad de la alimentación y otros hábitos (por ejemplo, hacer deporte), de manera que si el poder adquisitivo de las familias decae, como está ocurriendo en estos tiempos de inflación, las familias más vulnerables ven más perjudicada su salud que otras que pueden mantener su capacidad de compra. Hay presupuestos familiares para los que el problema ya no es llegar a final de mes sino poner un plato en condiciones en la mesa. Un estudio de la Fundación Pau Gasol señala, por ejemplo, un caso particular, el porcentaje de obesidad infantil, que alcanza el 16% en los hogares más desfavorecidos (superior al 11,2% de media). Esta brecha alimentaria, advierten médicos consultados por este diario, va en aumento. Y hay motivos para la preocupación, porque aunque el índice general del IPC se modera, el precio de los alimentos sigue subiendo cada mes, y la sequía puede acabar agravando la situación. Uno de los primeros signos de pobreza es la desaparición en la cesta de la compra de los alimentos frescos, que son los más sanos pero también los más caros. Tampoco son productos comunes en los bancos de alimentos, que confirman un importante aumento de las personas que recurren a ellos.
Combatir la inflación es un objetivo que se mueve en el ámbito de la macroeconomía pero que si aterrizamos en sus efectos en las economías familiares, afecta directamente la salud pública y la equidad social. Es importante remarcar este dato, por ejemplo a la hora de valorar medidas como la subida de tipos del Banco Central Europeo que tiene por objetivo evitar la escalada inflacionista aunque conlleve consecuencias dolorosas como encarecer los préstamos. Tampoco es nada fácil buscar un equilibrio en las políticas públicas que permitan aliviar a los ciudadanos el aumento del coste de la vida sin comprometer las cuentas del Estado más allá de lo prudente. Del mismo modo que la austeridad a toda costa es contraproducente (ya lo vimos en la crisis del euro), también lo es mantener una deuda pública insostenible que acabe pasando factura a largo plazo.
Por todo lo anterior, frente a propuestas más o menos populistas de aplicar bonificaciones generales a los precios de los alimentos con unos efectos que serían por lo menos discutibles (si es generalizado, puede acabar resultando inocuo) u ocurrencias como la creación de supermercados públicos, es preferible concentrar las políticas y el gasto público en dar respuesta a aquellos colectivos que más están sufriendo la inflación. También hay que seguir trabajando en medidas consensuadas que evitan la conflictividad social. Estos días hemos tenido un buen ejemplo de ello en el acuerdo salarial entre la patronal y los sindicatos, que contempla una subida moderada para no devaluar más los salarios, pero que da margen a las empresas para seguir generando crecimiento y empleo.