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Durante 4 horas el jurado encargado del juicio contra dos mandos policiales por el robo de dos alijos vieron las imágenes de la videovigilancia Se enfrentan a 6 años de prisión =
Durante cuatro largas horas, las cinco mujeres y cuatro hombres que componen el jurado del conocido popularmente como caso botellas pudieron ver las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. En los vídeos, que se rebobinaron y se pausaron para analizar detalles como las marcas de los objetos, se pudo ver a los dos mandos policiales acusados de hacer desaparecer, supuestamente, 377 licores y 319 perfumes, cosméticos y complementos procedentes de dos alijos cuando iban a cambiarse de almacén en 2019. Si algo quedó claro es que los precintos policiales para garantizar la cadena de custodia fueron quebrantados de forma deliberada, pero será el tribunal popular el que determine si esta mala praxis, según todos los policías que testificaron, no solo quedó en eso y fue más allá al apropiarse o intentarlo de alguno de los efectos. El dueño de las cámaras y ya exjefe de los encausados, Juan Carlos Hernández, lo tuvo claro al calificarlo de «ilegalidad».
La fiscala fue la encargada de dar al play de los vídeos y de analizar minuto a minuto e incluso por segundos las imágenes que podían verse en cuatro televisores y una pantalla de ordenador. Del visionado en el que se podía ver el comportamiento de quien fuera inspector jefe responsable de la Brigada Móvil, de la Unidad Canina y de Subsuelo de la Policía Nacional, Enrique G. B. y del subinspector del Grupo de Hurtos, Rafael A. P., se originaron preguntas en forma de duda
Acusados
«¿Verían normal que un policía rompiera un precinto para probar cocaína? Esto es de Torrente»
Los dos mandos policiales en los pasillos de la Audiencia. -
si uno las ponía en relación con las declaraciones que estos hicieron.
Si Rafael A. P. decidió apartar a modo de muestra una serie de objetos antes de la mudanza de los alijos ¿por qué rebuscó en las cajas que estaban abiertas e hizo una selección de determinados productos? En las imágenes también se le observa acompañado de otro agente que llegó a estar imputado, aunque finalmente la Fiscalía retiró la acusación al entender que este estaba ahí bajo las órdenes de su jefe.
Tras ver a Rafael A. P. llevándose en brazos un treintena de objetos que dejó en el almacén que el Grupo de Hurtos tenía para objetos intervenidos y que para la Fiscalía y el abogado de Jupol, Marco Antonio Navarro, no pudo llevárselos a casa porque saltó el caso con un anónimo, fue el turno de Enrique G. B. y sus «amigos», que es como definió a los tres hombres que no son agentes de la Policía Nacional que le ayudaron en llevar todo desde la Jefatura Superior de Policía al cuartel de General Mayandía.
Lo que pasó en los 92 metros que lo separan solo lo saben ellos, pero en la videovigilancia se observó a este inspector jefe romper los precintos judiciales, seleccionar productos y apartarlos para hacerles foto o probar colonias. Él alegó que le preguntó a su esposa ante las dudas que tenía de algunos efectos. Pero no solo se vio eso, también a algunos de esos amigos seleccionar prendas e incluso ponérselas sobre su cuerpo. Una extraña forma de hacer inventario que deberá analizar el jurado para un veredicto que será debatido a partir del jueves.
La Fiscalía y Jupol tienen claro que los acusados son responsables de lo que falta y de ahí que pidan, respectivamente, 3 y 6 años de prisión. «¿Verían normal que un policía rompiera un precinto y probara cocaína?», se preguntó Marco Antonio Navarro, que calificó todo de «película de Torrente». Para las defensas, ejercidas por los letrados Enrique Esteban Pendás y Pilar Sangorrín, las cadenas de custodia estaban rotas muy anteriormente, por lo que no se puede imputar un robo que sería «un complot» contra ellos.