La reforma fiscal aragonesa
Cuando el próximo domingo 28 de mayo los aragoneses depositen su voto en la urna, ¿qué protagonismo tendrá la situación de sus economías particulares a la hora de decantarse por una opción política u otra? ¿Influirá su voto si pagan más o menos impuestos que en otra comunidad? Pronostican los expertos que en esta ocasión el denominado voto del bolsillo puede tener menos peso que en anteriores citas electorales. Aun así, las cosas de la economía siguen importando a la ciudadanía y más en una situación de incertidumbre como la actual, con los intereses más elevados que nunca y con los precios de los alimentos que todavía no han tocado techo. En definitiva, se destina más dinero del sueldo a la compra de los productos considerados básicos.
La escalada sin fin de los precios ha hecho que el debate de la fiscalidad haya cobrado el máximo protagonismo en la actuación política de los últimos meses. En un año marcado por las sucesivas elecciones autonómicas, municipales y generales, los gobiernos regionales se han precipitado hacia una alocada carrera por liderar el recorte de impuestos a sus ciudadanos, una deriva suicida porque la merma en la recaudación fiscal afecta directamente a la calidad en la prestación de los servicios públicos tan importantes como la asistencia sanitaria o la atención a los mayores. Como sucede en el siempre polémico debate de los impuestos, las autonomías se han dividido entre las gobernadas por el PP, fervientes defensoras de reducir lo máximo posible carga fiscal de sus ciudadanos, y los gobiernos socialistas, que apelan a la solidaridad para no recortar impuestos e incluso incrementar la impuestos para que no se resienta la calidad de los servicios públicos. El Gobierno andaluz, del PP, al que le siguió la popular Ayuso, fue el primero en destapar la caja de Pandora a mediados de 2022 al anunciar a bombo y platillo la supresión del Impuesto de Patrimonio para beneficiar a las grandes fortunas. Una decisión que fue duramente criticada por el Gobierno central, partidario de una armonización de los impuestos cedidos a las autonomías para evitar el dumping fiscal. «Todas las administraciones tenemos que ser corresponsables fiscalmente, no podemos entrar en una competencia fiscal a la baja entre territorios», advirtió Pedro Sánchez, recriminando a su vez el hecho de que algunas comunidades «con una mano recortan al 0,2% de sus ciudadanos estos impuestos y con la otra están pidiendo recursos económicos en Europa, en la Administración General del Estado». La advertencia de Sánchez cayó en saco roto porque fue el valenciano Ximo Puig el que rompió la unidad socialista frente a la política fiscal al anunciar una rebaja del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros con el objetivo de «beneficiar a las familias con menos ingresos» y «mejorar la redistribución de la riqueza y la progresividad». El presidente aragonés, Javier Lambán, optó por colocarse en una posición intermedia al abogar por la armonización fiscal, si bien respetando el autogobierno de cada autonomía.
El Gobierno del cuatripartito (PSOE, PAR, CHA y Podemos) se comprometió en su acuerdo de coalición a «mantener la presión fiscal en Aragón por debajo de la media española». Aunque al principio intentó eludir la batalla autonómica por liderar la bajada de impuestos, la entrada de gobiernos socialistas en la pugna le obligó a cambiar una estrategia que hasta entonces se centraba en la concesión de ayudas a los vulnerables. El tema de los impuestos es crucial para las arcas autonómicas. Se calcula, que la comunidad recauda al año casi 2.000 millones de euros por impuestos, sin incluir el IVA, unos recursos imprescindibles para garantizar la prestación y la calidad de servicios esenciales.
Según un informe de la Cámara de Cuentas sobre el grado de cumplimiento de los ingresos recibidos del presupuesto de la Comunidad Autónoma procedentes de la Administración General del Estado entre los ejercicios 2016 y 2020, el gasto por el despliegue de sanidad, educación y servicios sociales fue de 2.593 euros por habitante ajustado, lo que supone un déficit estimado de 447 euros per cápita y de un 17% en el coste de prestación de dichos servicios. La Cámara calcula que, en 2019, hubieran sido necesarios 628 millones de euros adicionales del sistema de financiación para cubrir completamente estas necesidades.
Ante esta situación insuficiente, el Gobierno de Lambán se mostró remolón a la hora de afrontar una reforma fiscal que supusiera un recorte de los ingresos. Sin embargo, presionado por la batalla nacional, se vio abocado a impulsar con el consenso de sus socios una rebaja del tramo autonómico del IRPF que beneficia a las rentas de hasta 90.000 euros, por lo que se trata de una reforma que va más allá de aliviar los bolsillos de las clases medias y bajas.
La reforma fiscal del Gobierno aragonés, cuyos efectos se han empezado a notar en la actual campaña de la declaración de la renta, refleja las tensiones del cuatripartito, con Podemos y el PAR en posiciones radicalmente distintas en términos de fiscalidad. Comparativamente, la reforma de 2023 supone una merma de la recaudación autonómica de más de 53 millones de euros, mientras que anteriores rebajas fiscales dejaron un agujero mucho más notable en las arcas. Es el caso de la reforma del Impuesto de Sucesiones en 2018, que salió entonces adelante con los votos del PSOE, PP, PAR y Ciudadanos, y que ha dejado una rémora de financiación de más de 200 millones de euros anuales desde su aplicación.
Más allá del IRPF, la reforma fiscal aprobada por el cuatripartito introduce novedades en el ámbito del impuesto de Donaciones y Sucesiones. algunos datos: se eleva a 100.000 euros la exención para la donación de padres a hijos o cónyuges para «cualquier finalidad». Además, en el caso de la vivienda habitual, está exenta la donación de hasta 300.000 euros (antes el límite eran 250.000), ya sea con la donación del propio bien o con la transferencia del dinero. Hay otros casos que dejan de tributar o lo hacen en menor medida. Por ejemplo, si una madre dona a su hija un apartamento en Jaca valorado en 90.000 euros para usarlo como segunda residencia, en 2022, se hubiese aplicado una reducción de 75.000 euros, la perceptora habría tenido que pagar 1.207,06 euros. Este año, se puede aplicar una reducción de hasta 100.000 euros, por lo que no tiene que pagar nada.
La reducción del 100% también se aplica para el supuesto de una donación de dinero para cualquier fin, hasta los 100.000 euros. Si un padre dona a su hijo 120.000 euros para financiarse los estudios en el extranjero, mientras en 2022 se le hubiese aplicado una reducción de 75.000 euros, lo que implicaba pagar 4.336,34 euros en impuestos, en 2023, se le puede aplicar una reducción de 100.000 euros y el resultado de la autoliquidación supone pagar solo 1.666,21 euros, lo que representa un ahorro para el contribuyente de 2.670 euros.
El Gobierno de Aragón sostiene que la propuesta fiscal es «la más ambiciosa» de las planteadas en la comunidad. Es «equilibrada» porque actúa en la mayor parte de lacesta de impuestos y tiene vocación de permanencia. Según IU, más que una reforma progresiva, es una rebaja generalizada a la mayoría de los contribuyentes.
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Blásquiz
La reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Aragón refleja las tensiones entre los socios