Por las renovables
El Inaga rompe su silencio y asegura que hubo legalidad en la tramitación de los 700 proyectos, pero Azcón insiste en abrir una comisión de investigación y Lambán le anima a denunciar todo en la Fiscalía, donde lo llevó Teruel Existe
L. M. G. J. H. P.
Las sombras en la gestión del boom de parques de energías renovables en Aragón se instalaron sobre el edificio del Inaga el pasado diciembre. En aquel momento se comenzó a hablar por parte de Teruel Existe de fraccionamiento de proyectos y de conflicto de intereses porque empresas subcontratadas por el instituto habrían realizado la evaluación de impacto ambiental en proyectos de sus propios clientes. Mientras esto llegaba a la Fiscalía en abril comenzaron los despidos que fueron denunciados por el PP como una «purga» de quienes confrontaban con el director gerente Jesús Lobera. Todo esto lo publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, pero Lobera no rompió su silencio hasta que un medio nacional como El Mundo se hizo eco del caso, para asegurar que se ha trabajado en «la línea más escrupulosa de la legalidad, con todo rigor». Todo mientras los populares insisten en abrir una comisión de investigación.
Una tormenta política que se unía a la meteorológica que se podía escuchar en la sala de prensa de la sede del Ejecutivo autonómico en la que Lobera defendió su trabajo, trató de alejarse de su partido, el socialista, con la frase: «No soy un muñeco a las órdenes del PSOE» e incurrió en alguna que otra contradicción en relación con las externalización de la evaluación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Lobera explicó que fue tal el volumen de expedientes a resolver, unos 700, que fue necesario hacer un concurso, en octubre de 2021, para subcontratar a empresas que realizaran informes y evaluaciones ambientales en materia de energías renovables en la comunidad entre ese año y el 2022. Del mismo salieron adjudicatarias Satel y Calidad y Estudios, que ahora están bajo sospecha de incompatibilidad porque trabajan con algunas de las empresas impulsoras de los parques renovables y, muy especialmente con la que mayor volumen de solicitudes ha realizado, Forestalia (la empresa declinó hacer declaraciones a este diario). De hecho, este periódico reproduce dos de los trabajos de Calidad y Estudios para Forestalia.
Para Lobera no hay mancha alguna pues estas empresas, que fueron contratadas para descolapsar las tramitaciones, supuestamente no lo hicieron y lo asumieron en «un 60%» Sarga, que era la empresa pública a la que se pretendía desatascar, y «el 40% la consultora Vea Qualitas».
De esta forma, según las explicaciones de Lobera, Satel y Calidad y Estudios habrían cumplido el punto 2.3.3. del pliego de prescripciones técnicas de contratación en el que se señala que «el adjudicatario no podrá informar de aquellos expedientes en los que haya tenido participación directa o indirecta durante la fase de proyecto o tramitación de la actividad solicitada, o bien cuando exista cualquier tipo de relación con el grupo promotor del expediente en cuestión». También señala el articulado que «deberá firmar una declaración de incompatibilidad en los términos expuestos tras la recepción de la documentación de cada expediente». Algo, esto último, que habrían realizado, tal y como destacó el director del Inaga, si bien no mostró ningún ejemplo de ninguna en su defensa durante la rueda de prensa.
Pese a la incoherencia incurrida, Lobera insistió en que «si no hubiera habido dicha asistencia técnica no se hubiera llegado», mientras incidía en que el plazo para obtener las declaraciones de impacto ambiental finalizaba el 25 de enero y que «es menester obtener la DIA correspondiente», sea positiva o negativa, ya que así los promotores pueden recoger los avales depositados antes en la Administración General del Estado, que pueden ascender a varios millones de euros y en caso contrario el Gobierno de Aragón hubiera sido responsable patrimonial. «Nuestra obligación era llegar en plazo y eso se ha hecho», reiteró, mientras añadía que el Inaga necesitaba «potencia de tiro, capacidad para analizarlos uno a uno para su aprobación» y de ahí la contratación de asistencias técnicas externas, lo que el Instituto suele hacer a través de Sarga.
Pero por si hubiera alguna duda, Lobera explicó que con la llegada de un nuevo secretario general al Inaga se creó el área de renovables, con un equipo propio de funcionarios «desde el primer instante», de forma que «la recepción de análisis ha sido por parte de funcionarios». Asimismo, señaló que sólo él, director del Inaga, puede firmar las autorizaciones y que es el único
Estudios de impacto ambiental realizados para Forestalia por una de las empresas que trabaja para la DGA.