Las tramas de compra de votos ofrecen empleo o vales de comida
Las mafias se ceban en sectores de población marginales para cometer el delito El fraude consistía en entregar los papeles de la votación en la sede del partido
La justicia ha investigado en los últimos años diversas tramas de fraude en el voto por correo en Melilla que no siempre han concluido en condenas, pero que evidencian prácticas que aprovechan determinadas debilidades del sistema electoral y la falta de escrúpulos de algunos dirigentes políticos para manipular los resultados. Son actuaciones que se ceban en sectores de población marginales, a los que se ofrecen pequeñas cantidades en metálico, vales de comida o la expectativa de ser contratados por la administración.
La presunta trama que se investiga estos días el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, bajo secreto de sumario, indaga un presunto fraude después de que se conocieran los asaltos a empleados de Correos que portaban la documentación electoral. En esta ocasión los pagos que se estaban ofreciendo a los electores serían de entre 50 y 200 euros.
De hecho, la investigación policial se centra en ambientes relacionados con la red del narcotráfico local. Los peones de la trama serían delincuentes habituales melillenses encargados de ofrecer a familias empobrecidas pequeñas cantidades de dinero –«para el
Mercadona», decía como gancho uno de los compradores– y de prometer incluso puestos de trabajo cuando se formara un nuevo gobierno local.
La ciudad autónoma protagonizó un episodio especialmente grave en 2008 que concluyó su periplo judicial en febrero de 2021, cuando el Tribunal Supremo confirmó las condenas al expresidente de Melilla Mustafá Aberchan, de Coalición por Melilla (CPM, y al exsecretario general de los socialistas Dionisio Muñoz Pérez a dos años de cárcel por delito de falsedad y dos delitos electorales. También en esta ocasión los votos se compraban a cambio de prometer contratos en futuros planes de empleo que dependían de los grupos políticos implicados.
/ Concretamente, y según consideró probada la justicia, a los electores se les prometía que serían contratados en los planes de empleo con preferencia respecto de otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el alto número de desempleados que existen en la ciudad autónoma de Melilla, según llegó a afirmar la justicia en sus resoluciones.
Los implicados llegaron a enviar unas cartas que anunciaban a los destinatarios que habían sido preseleccionados para los planes de empleo. El texto de las misivas hacía creer que habían sido remitidas por la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), organismo dependiente de la Delegación del Gobierno y cuya función consistía, precisamente, en gestionar los planes de empleo. Los destinatarios eran emplazados en un lugar concreto a los pocos días de la jornada electoral, lo que fomentó su creencia en la realidad del cumplimiento de la promesa.
La propagación de la noticia de la posibilidad de obtener trabajo a cambio de solicitar el voto por correo fue tal que el porcentaje de voto por correo aumentó ese año más del doble, pues fue del 11,42% con respecto a las elecciones generales del años 2004 (5,39%).
En cuanto a la operativa del fraude, bastaba con que una persona reclamase el voto por correo presentando su DNI y que al ser recibidos los documentos del voto los entregase en la sede de los partidos políticos implicados. Una vez allí, ya no era necesaria la intervención del votante, porque una persona del partido político elegía la opción a su conveniencia y la introducía en el sobre de votación, y la metía en otro sobre que era entregado en Correos.
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