Rebelión de funcionarios del Inaga contra su director
Polémica por las autorizaciones a los macroproyectos en la comunidad Un grupo de trabajadores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental emiten un comunicado en el que defienden la labor de los cargos cesados y que se opusieron a determinadas órdenes
Nuevo giro de guion en el caso Inaga. Después de que el director gerente Jesús Lobera rompiera su silencio para defender la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, perteneciente al Gobierno de Aragón, ante las sospechas de gestión en la autorización de parques de renovables, un grupo amplio de trabajadores también dieron un paso al frente y emitieron un comunicado en el que califican de «difamación gratuita» las explicaciones de Lobera sobre el cese del anterior secretario general del Inaga y de dos jefes de área.
El pasado martes, Lobera rechazó la «purga» de funcionarios que no intervenían en la evaluación de las renovables de la polémica, justificando que su salida respondía a la «falta de cumplimiento de sus obligaciones». También destacó el director del Inaga que eran «cargos de libre designación» y que salieron del Inaga porque, por ejemplo con el anterior secretario general (que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza tras sacarse una oposición y es funcionario de clase A), «tenía un problema serio de conciliación de personalidades y de criterios».
Pues bien, en menos de 24 horas de esas palabras, algunos trabajadores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, entidad de derecho público encargada de las tramitaciones ambientales en Aragón, emitieron un comunicado (no se indican ni nombres ni número de funcionarios) en el que señalan que se han visto «obligados» a redactarlo. «En especial por las palabras vertidas por parte de su director y en especial, a los motivos aludidos para justificar los ceses del anterior secretario del Instituto y de dos jefes de área», señalan a la vez que quieren manifestar públicamente «un firme apoyo» a los despedidos «porque los que estamos desde sus inicios en esta entidad pública desde el año 2004, hemos compartido muchos años de trabajo y los conocemos bien por su rigor, su capacidad técnica y su entrega al trabajo». «Se trata de funcionarios de conocida solvencia técnica en las materias de las áreas que han gestionado, con la ética profesional y observancia del ordenamiento jurídico que requiere a los empleados públicos. Buena prueba de ello es que han permanecido desarrollando sus funciones hasta ahora. De hecho, los distintos cargos directivos que han dirigido el Inaga no habían prescindido de sus labores hasta la fecha. Podemos pensar que no lo habrán hecho tan mal como se ha dicho», concluyen.
Aunque Lobera rompió su silencio ante unas informaciones del diario El Mundo, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya publicó a principios de mes una conversación con uno de los cesados que denunciaba que el organismo ambiental (que tiene publicado todos los expedientes cuestionados en https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica) había aprobado expedientes para proyectos vinculados con el desarrollo de las energías renovables que «no están amparados por informes técnicos de funcionarios de la casa». «Se me pidió culminar un expediente para el día siguiente, antes del 25 de enero. Yo dije que era imposible hacerlo. El director del Inaga me decía que era imprescindible. Entonces, me retiraron el expediente y lo acabaron resolviendo en la subsección de Energías Renovables del Inaga, con una propuesta de resolución favorable al día siguiente. Tenían prisa y lo hicieron», afirmó.
Las sospechas en la gestión del boom de parques de energías renovables en Aragón se instalaron sobre el edificio del Inaga el pasado diciembre cuando Teruel Existe comenzó a hablar de fraccionamiento de proyectos para evitar pasar por el Ministerio y de conflicto de intereses porque empresas subcontratadas por el instituto habrían realizado la evaluación de impacto ambiental en proyectos de sus propios clientes. De hecho, sobre la mesa del ministerio público estarían las supuestas irregularidades en la autorización ambiental de 15 proyectos: seis eólicos y nueve fotovoltaicos que afectan a las tres provincias. En Teruel están afectados los municipios de Muniesa, Loscos, Monforte de Moyuela, Huesa del Común, Cañada Vellida, Cuevas de Almudén, Alfambra, Orrios, Escucha y Jarque de la Val.
Por su parte, en la provincia de Huesca, las afecciones se focalizan en Castelflorite, Berbegal y Peralta de Alcofea, mientras que los siete de la provincia de Zaragoza se corresponden con los proyectos previstos en las poblaciones de Mediana de Aragón, San Mateo de Gállego, Puebla de Albortón, Valmadrid, Fuendetodos, Quinto de Ebro, Fuentes de Ebro, Alfajarín, Perdiguera y Zaragoza.
Mientras esto llegaba a la Fiscalía, en abril comenzaron los despidos que fueron denunciados por el PP como una «purga» de quienes confrontaban con el director gerente Jesús
de conocida solvencia técnica», explican
denunciados 15 proyectos autorizados por el instituto
Lobera. Pero el martes no solo habló el director general del Inaga, sino también el candidato del PP al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y quien aspira a revalidar su cargo al frente del Ejecutivo por el PSOE, Javier Lambán. El primero pidió al segundo que dé explicaciones sobre la tramitación de las plantas fotovoltaicas y eólicas para despejar «dudas» que rodean las autorizaciones de proyectos. «Esto no tiene que ver con las elecciones, esto tiene que ver con que les garanticemos a los aragoneses que la Administración funciona, que no hay chanchullos y que los proyectos, las garantías y los derechos que tienen los ciudadanos en esta comunidad se cumplan», dijo Azcón.
Lambán, por su parte, le contestó: «Antes de lanzar ningún tipo de acusación e insidia hay que estar muy seguro de lo se está diciendo y cuando se tienen ideas muy claras de que se ha cometido alguna irregularidad, hay que ir directamente a la Fiscalía».