La patronal de la fotovoltaica pide a la DGA abortar el impuesto ‘verde’
La vicepresidenta Vaquero se reúne con la principal asociación del sector solar La organización cree que es una «doble imposición» y critica que no es «finalista»
La patronal española de las empresas promotoras de proyectos fotovoltaicos mostró ayer su oposición frontal al impuesto a las renovables del Gobierno de Aragón y pidió abortar este tributo de reciente creación, que por primera vez en España gravará a las instalaciones de placas solares en vez de solo a los aerogeneradores. Así se lo trasladó ayer José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía de la DGA, Mar Vaquero, en un reunión privada en el edificio Pignatelli en la que también se abordó el tapón burocrático en el reparto de las ayudas europeas al autoconsumo o el fomento de las comunidades energéticas.
La organización, que es la principal asociación del sector español país al aglutinar al 90% de los actores, entiende que es una «doble imposición» porque existen tasas municipales que se deben pagar además de las declaraciones de impacto ambiental «ya exigen compensaciones» por su instalación. Además, critican que se trate de un impuesto medioambiental sobre un sector –el fotovoltaico– que «no tiene afecciones e incluso promueve la hibridación con el campo».
«Hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que Aragón pueda perder competitividad en este campo», explica José Donoso a este diario. Se refiere Donoso al hecho de que el Ministerio de Transición Ecológica, tras fuertes exigencias del sector de las renovables, accedió a prorrogar los hitos para la instalación de plantas renovables y permitió extenderse hasta ocho años para obtener la autorización de explotación. Por ello, «la pelota está ahora en el tejado de las empresas», que deben decidir «dónde en qué comunidades autónomas priorizan sus inversiones».
La patronal de la fotovoltaica se suma de este modo a la batalla que han iniciado en las últimas semanas contra el Gobierno de Aragón por la propuesta impositiva ideada por el cuatripartito de Javier Lambán y recogida por el Ejecutivo PPVox. Este mantiene abierta desde octubre una consulta pública previa a la confección del proyecto de ley que se traducirá en el nuevo impuesto verde de Aragón con el que el Departamento de Hacienda pretendía recaudar 30 millones de euros en 2024 y un mínimo de 50 en los posteriores. Nunca se ha desagregado cuánto ingresaría la DGA por la eólica y cuánto por la solar.
Desde el Gobierno de Aragón optaron por llevar en secreto esta reunión y no ofrecer declaraciones, aunque según asegura el presidente de Unef la vicepresidenta Vaquero se comprometió a ser «receptivos y comenzar un diálogo con el sector».
Así las cosas, las energéticas se han decidido a mantener un pulso con el Ejecutivo autonómico y amenazan incluso con ir a los tribunales para bloquear el nuevo tributo, una situación que ya ocurrió en Cantabria. Deberán bregar al mismo tiempo con cierta oposición en el territorio de los defensores del paisaje y con la comisión de investigación que echó ayer a andar en las Cortes ante las presuntas irregularidades en la tramitación de las licencias ambientales en los proyectos de renovables.
Del mismo modo, desde la Unión Española Fotovoltaica trasladaron a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón su interés por promover comunidades energéticas y promocionar proyectos de autoconsumo. Por ello, propusieron la firma de «un convenio de buenas prácticas» para fomentar «la excelencia» en materia de biodiversidad y «maximizar el impacto socioeconómico» en el territorio.