La UE estudia permitir el reconocimiento facial, según unos papeles
La nueva técnica podría usarse en casos de terrorismo o asesinato
El pasado 8 de diciembre, la Unión Europea (UE) logró sellar la primera regulación integral de la inteligencia artificial (IA). El acuerdo político fue descrito por los negociadores como un hito «histórico», pero organizaciones de la sociedad civil advirtieron entonces que había muchos e importantes flecos técnicos por pulir. Y el demonio está en los detalles.
Un mes después, y con la ley aún sin cerrar, el semanario Politico ha accedido a un documento interno que permitiría un uso «irresponsable y desproporcionado» de tecnología de identificación biométrica como el reconocimiento facial. La eurodiputada alemana Svenja Hahn denuncia que esa laguna —que no aparecía en el acuerdo original— supone un «ataque a los derechos civiles (...) como solo conocemos de estados autoritarios como China».
El texto jurídico redactado el 22 de diciembre por la presidencia española del Consejo de la UE estableció la prohibición de esos sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real. Sin embargo, abrió la puerta a excepciones para que policía y ejército puedan usar esta controvertida tecnología –mediante autorización legal– para prevenir amenazas como terrorismo, asesinato o violación.
Según dijo Hahn, los retoques de última hora de la regulación europea permitirán a las fuerzas del orden utilizar esa peligrosa tecnología «en grabaciones de vídeo (preexistentes) sin la aprobación de un juez, yendo más allá de lo acordado por las tres instituciones de la UE».
El documento filtrado, al que este diario ha tenido acceso, apunta a que sólo se necesitaría el visto bueno de una autoridad administrativa. Eso agilizaría el uso de sistemas de identificación mediante el rastreo de datos biométricos, aquellos patrones físicos únicos en cada persona, como su huella dactilar, su iris o sus rasgos faciales.
«Hemos oído que el cambio fue fuertemente presionado por representantes de las fuerzas del orden, especialmente de Francia», explica Ella Jakubowska, asesora sénior de políticas de la plataforma European Digital Rights.