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El fallo del TSJA es la primera derrota en los tribunales de una guerra aún incierta
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) obliga al Departamento de Educación a reabrir la escuela de Caneto. Es el primer varapalo al Gobierno aragonés en su pulso con este pequeño poblado de 50 habitantes y 21 niños que necesitan dar clase y se niegan a trasladarse a diario a La Fueva. Pero lo es más en la forma de argumentar la decisión que en el hecho de que pueda ser definitiva. ¿Lo será? Esa es la gran duda y puede que en solo 15 días cambie, cuando la DGA presente la documentación requerida en la que se basa un cierre anunciado el 3 de noviembre de 2023. A la vista de cómo se han sucedido los acontecimientos, todo puede pasar todavía tras este sonoro correctivo. Llevan ya tres intensos meses de tiras y aflojas en sede parlamentaria, en despachos a puerta cerrada y en la calle, con protestas que ponen el foco en este pequeño pueblo. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido para llegar a este punto?
1 La DGA ordena el cierre inmediato por ser «ilegal»
El 3 de noviembre la DGA decreta el cierre de la escuela de Caneto porque, según aseguraron, su situación es «ilegal», basándose en contundentes informes técnicos de Educación que no impidieron que llevara funcionando cinco años ya, con el consentimiento del anterior Ejecutivo, que les puso profesores haciendo caso omiso. A los niños se les deriva al centro de Tierrantona. Empieza el conflicto.
2 Los motivos para negarse e inicio de las protestas
La respuesta de los padres a la decisión de la DGA fue inmediata: se negaron en rotundo a acatar la imposición y abandonar las instalaciones de Caneto. El primer día que debían llevar a sus hijos a La Fueva, cuatro después de la orden, responden llevando su voz a la calle junto a representantes políticos que les apoyan. ¿Por qué no están conformes? Instan a la consejera, Claudia Pérez Forniés, a subsanar todas las deficiencias que dice que hay sin someter a sus hijos a ese desplazamiento diario hasta Tierrantona, de muchos kilómetros y peligroso. Se erigen como bandera de la despoblación y ganan fuerza en sus protestas, por una medida que se interpreta como una agresión al medio rural.
3 Aumentan las reacciones en contra de la DGA
Las familias de Caneto encuentran el abrigo de todas las reacciones en contra de la decisión de Educación. Tanto en las Cortes de Aragón como desde el Justicia de Aragón se rechaza la actitud de un Gobierno al que se le critica por el cierre y por no dar respuesta a 21 niños que, sin escuela y sin traslado, están perdiendo clases con el curso ya iniciado. Ni la DGA les puede obligar a ir a Tierrantona ni les deja reabrir la escuela porque, insiste una y otra vez, que no reúne las condiciones de seguridad. Es ilegal y no hay vuelta atrás. De nada sirvieron las reuniones de la DGA con las familias y una visita de los técnicos a Caneto que no supusieron avance alguno.
4 El «acoso» de un funcionario pone el foco en Faci
Con la situación estancada, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN desvela que el arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras del Servicio Provincial de Educación sufrió «acoso laboral y personal» tras elaborar informes desfavorables para legalizar la escuela de Caneto en la legislatura anterior, con el Gobierno cuatripartito y siendo Felipe Faci el consejero de Educación. Apunta a las «coacciones y amenazas» vividas para autorizar la escuela y señala directamente a la Directora Provincial de Educación en Huesca y también al alcalde de La Fueva. Su testimonio pone el foco en el Ejecutivo anterior, desde 2019, porque da veracidad a los argumentos que motivan el cierre. Las familias responden días más tarde llevando el asunto a los tribunales. ¿Y ahora qué? La Justicia les ha dado la razón y obliga, de forma cautelar, a la DGA a reabrir el centro. Pero a la vez pide los informes técnicos que justificaron la decisión. Sobre cuándo se pronuncie sobre ellos escribirá el siguiente capítulo de esta historia.