La Justicia anula el contrato del transporte sanitario no urgente
El TSJA condena al Gobierno de Aragón a indemnizar a la empresa denunciante El Ejecutivo PP-Vox critica el «legado de irregularidades del PSOE de Lambán»
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulo el contrato de adjudicación del transporte sanitario no urgente a la unión temporal de empresas (UTE) Transalud en 2020 al estimar el recurso interpuesto por las empresas Transport Sanitari de Catalunya S. L. U. y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A. (Tasisa), que se presentaron al mismo concurso público, pero no resultaron adjudicatarias y decidieron denunciar la formalización del contrato. La decisión judicial fue calificada como «clara y demoledora» por los nuevos inquilinos del Pignatelli, el Gobierno PP-Vox, que aprovechó para cargar contra la «mala praxis» y la «mala gestión» del cuatripartito del socialista Javier Lambán.
Asimismo, el auto del TSJA declara el derecho de los recurrentes a la adjudicación del lote 2 del contrato del transporte sanitario no urgente en 2020 (el relativo al transporte de los sectores sanitarios de Zaragoza I, II y III y Calatayud, es decir, de toda la provincia; el más cuantioso, valorado en 26 millones para cuatro años).
Además, la sentencia de la sección número 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA condena al Gobierno de Aragón o bien a adjudicar el lote en cuestión a las empresas demandantes o a indemnizarlas por una cuantía que la sentencia no determina todavía. También condena a la Administración autonómica a abonar las costas del procedimiento, que fija en 1.500 euros.
La primera opción no es «factible», explicaron ayer en la comparecencia urgente convocada por la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y el director general de Planificación Sanitaria, Ramón Boria. El contrato afectado ya ha finalizado y se encuentra ahora mismo prorrogado por el Gobierno PP-Vox, que ya tiene casi listos los pliegos del nuevo contrato para este servicio, tan solo a falta del visto bueno de Intervención.
La sentencia, firmada el pasado 10 de enero y trasladada a las partes el día 17, la dio a conocer ayer el Ejecutivo aragonés, que hizo una convocatoria de urgencia a las
17.00 horas para informar del asunto.
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EL AUTO La sentencia estima alguno de los argumentos por los que las empresas denunciantes señalaban irregularidades en el contrato. El TSJA estima que los pliegos del contrato no preveían «demoras autorizadas» en la ejecución del mismo por «falta de disponibilidad de medios materiales» para llevar a cabo la prestación del servicio.
No solo eso, sino que señala que la empresa adjudicataria no disponía de «ningún vehículo» y ello obligó a demorar el inicio de la prestación del contrato tres me
ses. Algo, señala el auto, que no contemplaban ni los pliegos ni la ley de Contratos. Insiste el auto en que lo que se produjo fue una «demora consentida y autorizada por la Administración».
Por eso, concluyen los jueces, que procede anular la formalización del contrato y adjudicar el mismo a los recurrentes si su oferta cumplía los plazos iniciales. Como el contrato ha finalizado, el Gobierno de Aragón deberá indemnizarles por una cuantía todavía por definir, que se estima entre uno y dos millones de euros.
El Gobierno PP-Vox criticó ayer con dureza este varapalo judicial. La vicepresidenta segunda y portavoz
del Gobierno, Mar Vaquero, aseguró que podían esperarse «la falta de transparencia del Gobierno de Lambán, que se ha visto con la ocultación de datos de las listas de espera», pero que no se esperaban «esta condena por irregularidades en la adjudicación de un contrato. Este es el verdadero legado del PSOE: irregularidades y una falta de celo en el cumplimiento de la ley».
Vaquero calificó la sentencia como «clara, dura y demoledora» y denunció los efectos que esta indemnización tendrá en las arcas públicas. Y dejó en el aire si el Ejecutivo autonómico ejercerá su derecho a recurrir: los servicios jurídicos están estudiando la sentencia y se decidirá qué decisión tomar, pero ya recordó que «alrededor del 95% de los recursos de casación se desestiman».
Según Boria, la indemnización podría llegar a entre uno y dos millones de euros, lo correspondiente a la suma del 6% del beneficio industrial anual durante los cuatro años de duración del contrato. Aunque esto deberá determinarlo la Justicia.
La sentencia condenatoria procede de un contrato que se aprobó en la pasada legislatura, entre enero y febrero de 2020, bajo el mandato del cuatripartito de Javier Lambán, siendo consejera de Sanidad Pilar Ventura en el momento de la formalización del acuerdo contractual.