La verdadera guerra del agua

El cambio climático, los pactos de Sánchez con Junts y ERC y un Ejecutivo autonómico en el que Vox apoya transferir recursos hídricos a otras cuencas contrastan con la realidad de hace casi un cuarto de siglo y la unidad exhibida entonces por Aragón contr

Eha cambiado en este cuarto de siglo es que Aragón necesita agua para impulsar su desarrollo y unidad política para conseguir un futuro mejor

l 9 de octubre del año 2000 alrededor de 300.000 personas salieron a las calles de Zaragoza para mostrar al Gobierno central su rechazo a un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba un trasvase del Ebro. Uno de cada cuatro aragoneses participó ese día en una protesta histórica (no fue la única durante esos años) que concluyó en la plaza del Pilar tras más de cuatro horas de manifestación. La multitudinaria respuesta de los ciudadanos fue la mayor demostración de que había cuestiones innegociables en una tierra sedienta de regadío y progreso. Mucho antes, pero sobre todo a partir de entonces, Aragón había interiorizado que el agua es un recurso intocable, además de una de sus grandes palancas de desarrollo y de futuro. Fue el Gobierno de José María Aznar el que intentó impulsar entonces ese trasvase aupado por su mayoría absoluta, y fue su ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, quien trató de ponerlo en marcha. Pero no salió a flote, entre otras cosas, por el empuje exhibido por los aragoneses y por la llegada de Rodríguez Zapatero a La Moncloa, que derogó la norma en el año 2004.

Hoy, casi 20 años después, la guerra por el agua vuelve al primer plano de la actualidad al solicitar Cataluña un minitrasvase de cinco hectómetros cúbicos para frenar los efectos de la dura sequía que sufre la comarca del Priorat, en Tarragona. El escenario es tan preocupante para Cataluña que ya ultima los preparativos para entrar en fase de emergencia por sequía, lo que implicará más restricciones e la racionalización del agua de boca en Barcelona. Quizá eso fue lo que llevó a la propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a asegurar que no descartaba que «en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias». La frase, a pesar de su contundencia, encierra múltiples interpretaciones, abre la puerta a un posible ministrasvase de agua del Ebro si el Gobierno lo autoriza, aunque también deja en el aire la puesta en marcha de posibles fórmulas alternativas que no verbalizó.

Más allá de elucubraciones, de lo que no cabe duda es que el escenario es totalmente distinto al que existía en octubre del año 2000, tanto en lo político como desde el punto de vista económico y medioambiental, factores todos ellos que pueden llevar a la conclusión de que la verdadera guerra del agua solo acaba de comenzar. En primer lugar, porque España se enfrenta a una situación de sequía como no se recuerda y porque el cambio climático es una realidad que ya pocos se atreven a cuestionar. La escasez de agua irá a más en los próximos años, algo que conviene ir asumiendo y que obliga a tomar medidas de forma inmediata por parte de todas las administraciones a todos niveles. Esperar a hacerlo es un error monumental.

Desde la perspectiva aragonesa, la realidad también es compleja. El actual Gobierno de Pedro Sánchez tiene compromisos adquiridos con muchos de sus socios para tratar de navegar en una legislatura que se aventura tormentosa. Dos de ellos son Junts y ERC. Hace 24 años, Cataluña y Aragón construyeron un frente común para tratar de frenar un trasvase, cuyo principal argumento no era tanto aliviar la sequía como primar el desarrollo y los grandes negocios en la costa mediterránea. Hoy, sin embargo, Cataluña reclama agua.

Por si fuera poco, la unidad política que existía en Aragón en el año 2000 respeto a este asunto parece haberse diluido, más por los avatares de la propia política que por la falta de convicción en los argumentos. Para muestra un botón. Esta semana, dos consejeros de Vox –el vicepresidente Alejandro Nolasco y el titular de Agricultura, Ángel Samper–, salieron a defender la postura del Gobierno de Aragón en relación al posible ministrasvase a Cataluña. Curiosamente, dos representantes del mismo partido que se muestra favorable a llevar agua a otros territorios, excepto a Cataluña, parece ser. Y este podría ser un talón de Aquiles para la comunidad para lo que se avecina, una guerra del agua y un Ejecutivo PP-Vox, en el que una de sus partes no comparte los postulados históricos de Aragón. Y todo ello, con el PAR, el gran catalizador de las manifestaciones de antaño, languideciendo.

Lo que no ha cambiado en este cuarto de siglo es que la comunidad necesita agua para el desarrollo de su industria y su sector agroalimentario y unidad para lograr un futuro mejor.

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