La universidad dice que pierde dinero con la nueva ley
La Comisión Sectorial de Gerencias del Grupo 9 de Universidades (G-9), a la que pertenece la Universidad de Zaragoza (UZ), ha advertido de «la sensible reducción de autonomía universitaria y las consecuencias económicas» derivadas de la reciente implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Insiste el grupo de universidades en que los «impactos negativos» de la norma en la capacidad de gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas que forman parte del grupo. Esta situación preocupa a las universidades miembro, dado que la ley «conlleva un incremento significativo en los costes, especialmente, en lo que respecta al gasto de personal».
El conjunto de rectorados llamado G-9 critica el mayor gasto en personal
En el conjunto del G-9, «el incremento de costes, consolidable y creciente, año tras año, tan solo en los relativo a los cambios de dedicación previstos en la LOSU, supera los 135 millones de euros, según la monografía de 2023 de Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de CRUE Universidades Españolas».
«Las nuevas disposiciones legales obligan a las universidades a adaptar las dedicaciones y afrontar regulaciones sin contar con el respaldo económico suficiente, poniendo en riesgo la sostenibilidad futura de las políticas y la gestión independiente de cada universidad», señalan las universidades en un comunicado tras las reuniones celebradas los pasados días 18 y 19 de enero en la sede del Rectorado de Cáceres de la Universidad de Extremadura.