Un plan para la educación
No todo lo arregla el dinero, pero ayuda. Los fondos son necesarios, pero hacen falta más medidas de otro tipo. Así podría resumirse la acogida que tuvo ayer en la comunidad educativa aragonesa el anuncio del presidente del Gobierno, de poner en marcha un plan de choque extraordinario en la política educativa del Gobierno central al que destinará más de 500 millones de euros para clases de refuerzo, de forma que sirva para dar un giro a los resultados del informe PISA, especialmente bajos en lo que respecta a las matemáticas y a la comprensión lectora. El problema no radica solo en los datos de 2022, sino en una tendencia a la baja que se ha apreciado en los últimos años y en esa preocupación que va a más entre la Administración, los directores de centros, docentes y familias.
Algo está fallando en las aulas, eso es evidente a la vista de los resultados, y puede que esta inyección económica del Estado sea un revulsivo pero no la panacea para una cuestión que, en el plano político, quizá requeriría de un pacto estatal por la educación que hace tiempo que se ve como una quimera. Cada gobierno entrante se ocupa de darle una vuelta al modelo impulsado por el anterior, achaca todas las culpas y promueve un modelo propio que ya se encargará de moldear o enmendar por completo el siguiente. Quizá por ahí empieza todo.
Sobre la apuesta de Sánchez como primera idea es imposible no estar de acuerdo pero genera muchas dudas la forma de llevar a cabo esa fórmula. Especialmente lo que tiene ver con cómo se permea en cada territorio este refuerzo económico, qué cuantía le corresponde a cada comunidad autónoma y cómo lleva cada una a cabo la utilización de esos fondos extraordinarios. Eso en las que tienen transferida la competencia de gestionar las políticas educativas, pero la realidad de cada territorio es muy diferente. De manera que esta será una cuestión crucial para darle forma a ese plan de choque.
Entre las primeras reacciones que se han producido en Aragón destaca el enfrentamiento entre la DGA y la Delegación del Gobierno sobre si la culpa de los resultados del informe PISA es del PSOE y del Ejecutivo que dirigió
o no tiene nada que ver con los gobernantes. O el reproche del presidente catalán, a Sánchez por no consultar a las comunidades antes de anunciar un plan de este tipo.
Y, de fondo, la visión de los sindicatos y la comunidad educativa en general, que agradecen la inyección económica pero piden más concreción y no olvidar otras medidas que también influyen en el rendimiento académico de los alumnos, tales como la ratio de estudiantes por aula o el exceso de burocracia, labores que no tienen que ver con la enseñanza y que también soporta el profesorado. Quizá por ese camino también está la senda de la solución a un problema como el que ha evidenciado el informe PISA y que solo hace recapacitar a los gobiernos cuando se publican. La educación pública de calidad se arregla con dinero y con medidas certeras, y a eso también hace falta dedicarle esfuerzos.