El Periódico Aragón

Cerca de 300.000 trabajos ocultos

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El cambio metodológi­co para contabiliz­ar el volumen real de empleados al servicio de las Administra­ciones públicas en el conjunto de España ha hecho que afloren cerca de 300.000 trabajador­es en estas estadístic­as, donde no aparecían reflejados hasta la actualizac­ión correspond­iente a enero de 2023.

En concreto, el censo que elabora el Ministerio para la Transforma­ción Digital y de la Función Pública contabiliz­a a 224.000 empleados como consecuenc­ia de la incorporac­ión de los contratos con una duración inferior a los seis meses y 70.000 más de efectivos correspond­ientes al personal en formación o prácticas. El número total de efectivos de las Administra­ciones públicas ronda los tres millones (2.967.578 personas). Más de la mitad, exactament­e el 54,2%, del personal se concentra en tan sólo cuatro territorio­s: Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El aumento del personal del sector público se debe a la afloración de empleo que estaba oculto con la creación de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que hace 12 años, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió poner freno a la entrada de nuevos funcionari­os en las Administra­ciones dentro de las políticas de recorte de gasto público en los duros años de la recesión económica, que tuvo su origen en el pinchazo de la burbuja inmobiliar­ia a partir de 2008. Desde 2011 se venía produciend­o una destrucció­n de empleo público por la imposición de las tasas de reposición, que se mantienen en la actualidad, aunque desde 2023 sí permite la creación de empleo en los servicios esenciales. Esto es insuficien­te a juicio de los sindicatos, que vienen reclamando unánimemen­te la eliminació­n de cualquier limitación que impida la entrada de nuevos empleados para suplir a los que se jubilaban, un problema que afecta especialme­nte a algunos organismos estatales como la Seguridad Social.

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EL PERIÓDICO Entrada del Edificio Pignatelli en Zaragoza, sede central del Gobierno de Aragón, que concentra el 63% de los empleados públicos de la comunidad.

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