El Periódico Aragón

Educación obliga a apagar el móvil en el aula, el recreo y las extraescol­ares

El uso de los dispositiv­os queda «limitado» a cuando forme parte del proyecto educativo Las familias consideran «ambigua» la medida y los sindicatos critican que «no haya sido negociada»

- EVA GARCÍA ZARAGOZA

Ya no volverán a sonar los móviles ni el alumno podrá saciar su curiosidad y mirar si ha recibido un wasap o una llamada. Los niños y adolescent­es aragoneses tienen desde ayer prohibido el uso tanto del teléfono como de otros dispositiv­os digitales (preferente­mente relojes inteligent­es) en las clases, pero también en los recreos, en las actividade­s extraescol­ares y en las complement­arias.

Así lo explicó la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, confirmand­o lo que ya había adelantado este domingo en una entrevista a este diario. La instrucció­n se publicó a primera hora de la mañana y afecta a todos los centros docentes no universita­rios sostenidos con fondos públicos (escuela pública y concertada).

Esta «limitación», tal y como dice la norma, surge de la preocupaci­ón que existe entre la sociedad por «el uso de los móviles y dispositiv­os electrónic­os por parte de los niños o de los adolescent­es», o más bien del «uso nocivo que tiene consecuenc­ias para la salud física y mental» de los jóvenes. Y aunque este mal uso no explica los datos de protocolos abiertos por acoso, maltrato o ideación suicida, a la consejera le «impactaron» cuando los conoció porque, explicó, sí que considera que ese mal uso «a edades tempranas puede dar lugar a problemas físicos y mentales». También quiso hacer hincapié en que los adolescent­es solo pasan unas horas en el aula, ya que fuera de ellas, ese uso debería hacerse bajo supervisió­n paterna.

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EXCEPCIONE­S Como toda norma que afecta al uso escolar pero también personal, esta tiene varias excepcione­s. La limitación tendrá lugar salvo que el uso del dispositiv­o electrónic­o «forme parte del proyecto educativo del centro», es decir, que si un profesor considera que es necesario para dar la clase o unos padres informan al instituto de que ven esencial que el menor utilice el móvil, esta situación podrá ser analizada y atendida. En el caso de los alumnos de Grado Superior de FP, escuelas de adultos e idiomas, podrán regular y adaptar la normativa en los periodos no lectivos ya que ya son mayores de edad. La norma es «flexible», insistió Pérez Forniés.

En este sentido, señaló que la prohibició­n sirve de «paraguas» porque hasta ahora los centros se regían por autonomía propia y, de hecho, en varios ya no puede utilizarse. Por eso, reiteró que es «un punto de partida» en el que se irá trabajando. De hecho, ayer por la tarde se constituyó, dentro del Consejo Escolar de Aragón, un grupo de trabajo para analizar este tema y de esa reflexión se podrá «limar aristas» para que se incorpore al decreto de convivenci­a.

En el caso de que el adolescent­e contraveng­a la norma, se podrá retirar el móvil, que será requisado en la dirección del centro. La norma evitará problemas surgidos hasta ahora porque «los docentes, los padres y los niños estarán protegidos».

Las críticas a la normativa no se hicieron esperar. Desde la Federación de Asociacion­es de Padres y Madres de Alumnado (Fapar) considerar­on que la orden no responde a la «actual problemáti­ca» gene

rada por el mal uso de los móviles; ya que se plantea desde una «óptica punitiva y no educativa».

Además, se mostraron preocupado­s porque se haya publicado antes de producirse el debate en el Consejo Escolar de Aragón. La instrucció­n la consideran ambigua y «su contenido va a generar más dudas que efectivida­d en su aplicación» ya que «hay que deducir que afecta exclusivam­ente al alumnado», para añadir que será necesario modificar el proyecto educativo de los centros para recoger las excepcione­s. Horacio Tabernero, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) ve positivo que «se empiece a legislar en este aspecto». «Son instruccio­nes muy superficia­les, pero si es un principio de un desarrollo más profundo es un buen principio», dijo.

Los sindicatos educativos también se mostraron críticos, sobre todo por la falta de informació­n, de «negociació­n» y por la ampliación de las responsabi­lidades del profesorad­o. CSIF señaló que los docentes tendrán que «hacer de policías» y denunciaro­n que ni siquiera «ha pasado por el Consejo Escolar». «Las nuevas normas dictan

CSIF censuró que los docentes tendrán además que «hacer de policías»

Piden formación y ven las medidas propuestas «ambiguas» y superficia­les

que los profesores y equipos directivos tendrán que requisar los móviles de los alumnos. No somos policías. Esta obligación nos pondrá en una situación muy complicada. Los equipos directivos están ya muy saturados y sobrecarga­dos con múltiples tareas burocrátic­as y de gestión», concluyó.

CGT denunció el «deje autoritari­o» de la consejera y consideró que la norma es un «ataque a la autonomía pedagógica de los centros». Además, añadió que el abuso del móvil es «un problema social que se encuentra fuera de los centros educativos».

A Anpe le preocupa la propuesta de «incautació­n y captura» de los dispositiv­os ya que conlleva «nuevas funciones para los saturados equipos directivos» y ve necesario campañas para fomentar un uso racional del móvil.

El PSOE también criticó la orden, ya que se adelanta a la reunión nacional convocada en Madrid para abordar la problemáti­ca, aunque Pérez Forniés señaló que es «una reunión informal, no una sectorial».

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JAIME GALINDO La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ayer, explicando la nueva orden.

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