Educación obliga a apagar el móvil en el aula, el recreo y las extraescolares
El uso de los dispositivos queda «limitado» a cuando forme parte del proyecto educativo Las familias consideran «ambigua» la medida y los sindicatos critican que «no haya sido negociada»
Ya no volverán a sonar los móviles ni el alumno podrá saciar su curiosidad y mirar si ha recibido un wasap o una llamada. Los niños y adolescentes aragoneses tienen desde ayer prohibido el uso tanto del teléfono como de otros dispositivos digitales (preferentemente relojes inteligentes) en las clases, pero también en los recreos, en las actividades extraescolares y en las complementarias.
Así lo explicó la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, confirmando lo que ya había adelantado este domingo en una entrevista a este diario. La instrucción se publicó a primera hora de la mañana y afecta a todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos (escuela pública y concertada).
Esta «limitación», tal y como dice la norma, surge de la preocupación que existe entre la sociedad por «el uso de los móviles y dispositivos electrónicos por parte de los niños o de los adolescentes», o más bien del «uso nocivo que tiene consecuencias para la salud física y mental» de los jóvenes. Y aunque este mal uso no explica los datos de protocolos abiertos por acoso, maltrato o ideación suicida, a la consejera le «impactaron» cuando los conoció porque, explicó, sí que considera que ese mal uso «a edades tempranas puede dar lugar a problemas físicos y mentales». También quiso hacer hincapié en que los adolescentes solo pasan unas horas en el aula, ya que fuera de ellas, ese uso debería hacerse bajo supervisión paterna.
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EXCEPCIONES Como toda norma que afecta al uso escolar pero también personal, esta tiene varias excepciones. La limitación tendrá lugar salvo que el uso del dispositivo electrónico «forme parte del proyecto educativo del centro», es decir, que si un profesor considera que es necesario para dar la clase o unos padres informan al instituto de que ven esencial que el menor utilice el móvil, esta situación podrá ser analizada y atendida. En el caso de los alumnos de Grado Superior de FP, escuelas de adultos e idiomas, podrán regular y adaptar la normativa en los periodos no lectivos ya que ya son mayores de edad. La norma es «flexible», insistió Pérez Forniés.
En este sentido, señaló que la prohibición sirve de «paraguas» porque hasta ahora los centros se regían por autonomía propia y, de hecho, en varios ya no puede utilizarse. Por eso, reiteró que es «un punto de partida» en el que se irá trabajando. De hecho, ayer por la tarde se constituyó, dentro del Consejo Escolar de Aragón, un grupo de trabajo para analizar este tema y de esa reflexión se podrá «limar aristas» para que se incorpore al decreto de convivencia.
En el caso de que el adolescente contravenga la norma, se podrá retirar el móvil, que será requisado en la dirección del centro. La norma evitará problemas surgidos hasta ahora porque «los docentes, los padres y los niños estarán protegidos».
Las críticas a la normativa no se hicieron esperar. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Fapar) consideraron que la orden no responde a la «actual problemática» gene
rada por el mal uso de los móviles; ya que se plantea desde una «óptica punitiva y no educativa».
Además, se mostraron preocupados porque se haya publicado antes de producirse el debate en el Consejo Escolar de Aragón. La instrucción la consideran ambigua y «su contenido va a generar más dudas que efectividad en su aplicación» ya que «hay que deducir que afecta exclusivamente al alumnado», para añadir que será necesario modificar el proyecto educativo de los centros para recoger las excepciones. Horacio Tabernero, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) ve positivo que «se empiece a legislar en este aspecto». «Son instrucciones muy superficiales, pero si es un principio de un desarrollo más profundo es un buen principio», dijo.
Los sindicatos educativos también se mostraron críticos, sobre todo por la falta de información, de «negociación» y por la ampliación de las responsabilidades del profesorado. CSIF señaló que los docentes tendrán que «hacer de policías» y denunciaron que ni siquiera «ha pasado por el Consejo Escolar». «Las nuevas normas dictan
CSIF censuró que los docentes tendrán además que «hacer de policías»
Piden formación y ven las medidas propuestas «ambiguas» y superficiales
que los profesores y equipos directivos tendrán que requisar los móviles de los alumnos. No somos policías. Esta obligación nos pondrá en una situación muy complicada. Los equipos directivos están ya muy saturados y sobrecargados con múltiples tareas burocráticas y de gestión», concluyó.
CGT denunció el «deje autoritario» de la consejera y consideró que la norma es un «ataque a la autonomía pedagógica de los centros». Además, añadió que el abuso del móvil es «un problema social que se encuentra fuera de los centros educativos».
A Anpe le preocupa la propuesta de «incautación y captura» de los dispositivos ya que conlleva «nuevas funciones para los saturados equipos directivos» y ve necesario campañas para fomentar un uso racional del móvil.
El PSOE también criticó la orden, ya que se adelanta a la reunión nacional convocada en Madrid para abordar la problemática, aunque Pérez Forniés señaló que es «una reunión informal, no una sectorial».