Juzgan al alcalde y tres concejales de Murero por presunta prevaricación
Acusan a los ediles populares de ejecutar de forma arbitraria varias obras viales
La Audiencia Provincial de Zaragoza celebró ayer el juicio oral contra el alcalde de Murero, Santiago Mingote (PP) y otros tres concejales de la corporación, el arquitecto técnico y un palista conductor de la excavadora, acusados de ejecutar de forma arbitraria obras en el camino del cementerio de la localidad.
La acusación particular pide nueve años de inhabilitación para el alcalde por prevaricación, así como 5.400 euros de multa por el delito de alteración de lindes y otros 5.400 euros por un delito de daños.
En cuanto a los otros tres ediles, también del PP, –Rafael Cortés, Jesús Guillén y María Jesús Morata–, la acusación pide únicamente nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público pero ningún tipo de multa monetaria.
Al arquitecto técnico le reclama 4.320 euros por un delito de alteración de lindes y otra multa de la misma cantidad por un delito de daños, mientras que para el conductor la multa solicitada es de 3.240 euros por cada uno de estos dos delitos.
El denunciante, vecino de la localidad del Campo de Borja, también reclama una indemnización de 4.029,30 euros por la
reposición de la finca y el importe de realización del presupuesto de reparación, según consta en las calificaciones de las partes.
La / instrucción del caso comenzó a partir de la denuncia formulada por el afectado el pasado 15 de marzo de 2019.
En su denuncia señalaba que durante las obras en el camino del cementerio de Murero, los trabajadores accedieron, sin permiso alguno, a un terreno de su propiedad, recogieron material para la vía y modificaron así los límites de la finca que estaban
CAMBIO DE LÍMITES DE LA FINCA
establecidos en el catastro. Tras practicarse las diligencias oportunas y tomar declaración como investigado al alcalde, se dictó un auto de sobreseimiento provisional el 14 de noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, el denunciante no estaba de acuerdo con el auto por lo que poco después, recurrió ante la instancia superior. El 27 de febrero de 2020 la Audiencia Provincial de Zaragoza revocó el auto de sobreseimiento y ordenó que la investigación prosiguiera y que se tomase declaración como investigados a los tres concejales, al arquitecto técnico y al palista. Las defensas negaron el relato de los hechos de la acusación particular «al no corresponderse ni siquiera mínimamente con la realidad»; argumentan que los hechos detallados no son constitutivos de ningún delito y piden la absolución de todos los procesados. Todas ellas reclaman también que se impongan las costas procesales al denunciante por «temeridad».
Del mismo modo, la Fiscalía también pidió la absolución de todos los acusados al entender que no quedan acreditados los delitos imputados ni de prevaricación ni de entrada sin permiso a su finca y de la modificación de los límites.