Veto al móvil en Primaria y se podrá llevar apagado en Secundaria
Alegría se reúne mañana con las comunidades para tratar la norma, que afectará a todo el horario lectivo El Gobierno respetará las normativas de los territorios que ya lo han regulado, como Aragón
Según un estudio de Unicef y la Universidad de Santiago, la edad media del primer móvil son los 11 años. Esta realidad se topa con otra realidad: la nueva normativa que plantea el Ministerio de Educación para regular el uso de los smartphones en colegios e institutos. El alumnado de Infantil (3 a 6 años) y Primaria (6 a 12 años) no podrá llevar móvil salvo excepciones que tengan que ver con la salud o con la necesidad de que deba estar controlado. En Secundaria (12 a 16 años), sí podrá llevarlos, pero apagados. Solo se activarán cuando los docentes lo consideren como parte del proyecto educativo. La norma afectará a todo el horario lectivo, que incluye patio y comedor. En Bachillerato y el resto de formación no obligatoria, su uso se hará bajo el criterio de los docentes.
El pasado martes el Gobierno de Aragón ya aprobó una norma al respecto para los centros de la Comunidad, en la que se prohíbe el uso del móvil en todos los centros docentes no universitarios, sin referencia a llevarlo o llevarlo apagado.
Aprobada por unanimidad, esta es la recomendación que hace el Consejo Escolar del Estado y que hace propia el Ministerio de Educación y FP. Así lo confirmó la presidenta del organismo, Encarna Cruces, tras la reunión con la ministra Pilar Alegría. Está por ver, sin embargo, que la normativa se extienda a los relojes inteligentes con geolocalizador, cada vez más frecuentes en 4º y 5º de Primaria. No es un móvil pero tiene su misma función: hacer y recibir llamadas o fotos, enviar mensajes de voz o texto y jugar con aplicaciones.
Esta resolución es el culmen a una revuelta que atizó las aulas en el inicio del curso 2023-24. A falta de normativas autonómicas o estatales y con la edad de entrega del primer móvil cada vez más adelantada, las familias comenzaron a organizarse para pedir una adolescencia libre de estos dispositivos. La presión social hizo que hasta el Ministerio cambiara de opinión. Hasta entonces, se había manifestado contrario a elaborar una regulación específica. Pero a mediados de diciembre anunció la propuesta. La regulación contrasta con la postura de algunos expertos, que se muestran más partidarios de la educación que del veto. «Un uso moderado de la tecnología digital puede ser mejor en términos educativos que una prohibición», aseguró en diciembre Daniel Roberto Salinas, analista de la OCDE.
Mañana, la titular de Educación se reunirá con los consejeros del ramo para abordar esta recomendación. Una vez concluido el encuentro con el Consejo Escolar, Alegría destacó que muchas autonomías ya están regulando su uso y que, con las competencias transferidas, el Gobierno será respetuoso con la normativa de cada territorio.
Por otro lado, la ministra también aseguró que el plan de refuerzo educativo en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el presidente del Gobierno en un mitin electoral se ampliará a Bachillerato y FP básica. En total, 5,2 millones de alumnos. El programa no está concretado aún. Tampoco su presupuesto, aunque se bajara una cantidad aproximada de 500 millones de euros. Si en un primer momento se habló de que el plan empezaría en Primaria (en el caso de las matemáticas, a partir de 3º) y llegaría a 4º de ESO, Educación opta ahora por alargarlo a los dos cursos de Bachillerato y también la FP básica. En total, 5,2 millones de estudiantes.
El refuerzo en comprensión lectora y matemáticas llega a Bachillerato y FP básica
El objetivo es que haya una bajada de ratios para que el aprendizaje sea más efectivo y personalizado. Incluso, un desdoble de clases. También lecciones extraescolares gratuitas en el mismo centro para los estudiantes que más lo necesiten. Fuentes del Ministerio de Educación destacan que el refuerzo no será igual en todos los centros, sino que dependerá del tipo de alumnado y de la complejidad de las aulas, una reivindicación de la comunidad educativa. Es decir, habrá más refuerzo en aquellos colegios e institutos con un mayor número de estudiantes con más necesidad y peor rendimiento académico.