La construcción aragonesa lanza el primer plan de pensiones sectorial
Las empresas nutrirán la mochila del ahorro con un tercio de la subida salarial Un oficial de primera meterá a su hucha personal unos 300 euros al año desde 2022
Unos 26.000 trabajadores y 11.500 autónomos del sector de la construcción en Aragón contarán desde febrero con un plan de pensiones sectorial al que aportarán en torno al 1% de su salario anualizado. Supondrá una base de unos 300 euros al año para un oficial de primera para empezar a edificar una mochila de ahorros con el que la patronal y los sindicatos quieren revitalizar un sector escaso de mano de obra que mira con temor la falta de relevo generacional. Y como se va a aplicar con efectos retroactivos a 2022, la mochila de ese oficial de primera contará a finales de este año con unos 900 euros.
Este vehículo del ahorro para empresas, trabajadores y autónomos será el primero que aglutinará los intereses de todo un sector, dado que hasta ahora los planes de pensiones siempre habían sido de carácter privado o dentro de grandes compañías, como Telefónica y otras bancarias. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social (bajo el mando de su anterior responsable, el socialista José Luis Escrivá) impulsó un nuevo reglamento que busca lanzar este modelo de ahorro a escala sectorial y la construcción será el primero en lanzarse a la piscina.
«No es una mochila austriaca, pero va en esa línea. La idea es que sirva como un complemento adicional a las pensiones del Estado», resumió ayer Juan Carlos Bandrés, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, que explicó los pormenores del asunto junto al secretario general de UGT-FICA Aragón, Manuel Grande. Los responsables de CCOO, que también apoyan el convenio, no estaban presentes al estar la federación pilotada por una gestora hasta nuevo aviso.
Por su parte, Grande calificó el plan de «un paso importante» para la transformación de un sector puesto en jaque por la escasez de mano de obra.
En base a las subidas salariales. El plan se nutrirá de la subida salarial pactada en el último convenio estatal de la construcción, donde se recoge un incremento del 10% para el periodo 2022-2024. La subida salarial pactada para 2022 es del 4%, de los que el 3% se inyectará a las nóminas y el 1% restante irá al programa de pensiones de cada trabajador. Para 2023, la subida acordada es del 3%, de la que una tercera parte volverá a destinarse al plan de empleo. En el caso de 2024, cuando el acuerdo contempla un alza del 2,75%, la mochila se cargará con un 0,25%.
La adhesión a este plan es obligatoria para todas las empresas y trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena a los que se aplica el VII Convenio General del Sector de
la Construcción, mientras que los autónomos sin trabajadores podrán adherirse de forma voluntaria. El pago por parte de las empresas deberá efectuarse de forma única aglutinando las contribuciones de 2022, 2023 y enero de 2024.
La gestora del plan será la filial de CaixaBank especializada en pensiones, VidaCaixa, que aspira a gestionar 3.000 millones de euros en aportaciones para el ahorro complementario dentro de una década en todo España, según informó la propia entidad bancaria en un comunicado. A partir del año 2025, los agentes sociales (CNC, CCOO del Hábitat y UGT-FICA) tendrán que negociar las aportaciones en el próximo convenio general.
Las 4.500 empresas cuyas condiciones laborales rige el convenio obtendrán bonificaciones de hasta el 10% del impuesto de Sociedades por aportaciones de trabajadores con sueldo de hasta 27.000 euros anuales y tanto trabajador como empresa se desgravan una parte de las cotizaciones sociales y rebaja la base imponible del IRPF.
VidaCaixa será la gestora del plan nacional y administrará unos 3.000 millones