Sanidad anuncia una ley contra el consumo de alcohol de menores
Mónica García ➲ pretende «adaptar la sanidad pública a los retos del siglo XXI» El ministerio prevé ➲ aumentar un 150% los médicos de familia y duplicar los psicólogos
Mónica García compareció ayer por primera vez en el Congreso para dar cuenta de sus planes al frente del Ministerio de Sanidad y anunció un buen número de nuevas leyes, estrategias y planes para llevar a cabo un triple objetivo: «Recuperar el orgullo de la sanidad pública, adaptarla a los retos del siglo XXI y ensanchar el sistema».
En este marco, informó que el Gobierno está trabajando en una «ley centrada en la protección de la salud de menores respecto al consumo de alcohol», que también amparará a las embarazadas. No obstante, la idea de aprobar una ley estatal antialcohol en menores no es nueva. Fue anunciada, allá por el 2001, por Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior y el plan fue recuperado después por varios ministros socialistas de Sanidad, pero no ha visto la luz. García se compromete ahora a darle un empujón, teniendo en cuenta los siguientes datos: El 70% de los jóvenes de entre 14 y 18 años admite haber bebido alcohol en los últimos 12 meses y algo más de la mitad lo han consumido
en los últimos 30 días, según la encuesta Estudes.
El anteproyecto girará en torno a cinco ejes: introducir en el ordenamiento los compromisos internacionales con el fin de armonizar la normativa estatal, autonómica y municipal en cuanto a la venta de alcohol a menores y a la comunicación comercial; incorporar la salud pública y los determinantes comerciales para aprobar medidas preventivas; incorporar la «prevención ambiental» para proteger a los menores de la exposición al consumo; aprobar herramientas preventivas en el ámbito educativo y familiar y «favorecer las alternativas sociales y de
ocio». García aseguró que el Ministerio «busca contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo con el fin de reducir su consumo». A esta iniciativa se sumará el endurecimiento de la ley antitabaco, ampliando los espacios sin humo y la regulación de los vapeadores.
Asimismo, / en plena polémica por las trabas que la alcaldesa de Ripoll pone al empadronamiento de inmigrantes, lo que impide su acceso a la tarjeta sanitaria, indicó que «en los próximos meses dará salida» a una ley que recupere por completo la «universalidad» del
PRIVATIZACIÓN Y SALUD MENTAL
sistema de salud, con el fin de que todos los inmigrantes, con o sin papeles, puedan tener acceso a la sanidad.
Por otro lado, García arremetió contra la privatización sanitaria hasta el punto de sostener que hay «numerosa evidencia científica» que indica que «está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con empeoramiento de la calidad en la asistencia». Por ello, anunció el impulso de una ley de gestión pública del sistema, «que blinde» la sanidad pública.
Asimismo, puso el acento en mejorar la Atención Primaria y reforzar la atención a la salud mental. «Voy a ser muy clara: un médico que ve a 60 pacientes al día y solo le da tiempo a recetar lorazepam no es medicina. Es un parche. Un servicio de urgencias extrahospitalarias sin un equipo sanitario completo no son urgencias. Son un parche», sostuvo.
Para frenar esta situación, anunció que aumentará un 15% las plazas de médicos de familia y duplicará el número de psicólogos esta legislatura. Asimismo, impulsará un Pacto de Estado por la Salud Mental, similar al que se puso en marcha contra la violencia de género, dotado de financiación y que dé pautas para mejorar la coordinación. En el ámbito de la salud mental, también anunció la puesta en marcha de un Plan de Actuaciones ante el Suicidio, dado que las cifras de suicidio son «relativamente bajas» respecto a otros países, pero existe una «alarma social» a la que hay que dar respuesta y las cifras «nunca son suficientemente bajas».
Por otra parte, aseguró que prevé ampliar la cartera de servicios para que «la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando necesite una prestación». Para ello, quiere que los mayores de 65 años puedan acceder al programa de salud bucodental que ya tiene la población infantojuvenil, embarazadas o personas con discapacidad. Además, «a lo largo de la legislatura» se comprometió a incorporar «la salud visual, las gafas y lentillas» a la cartera común. También se incorporará la atención temprana para niños con problemas de neurodesarrollo, que muchas familias tienen que costear.
Por último, mencionó una normativa para «regular el cannabis para uso terapéutico, (...) de acuerdo con la evidencia disponible y las garantías que rodean a todo producto terapéutico» y se comprometió a llevar a cabo tres demandas médicas: reconocer la especialidad de infecciosas, de urgencias y de genética.