La mala educación
El varapalo de los resultados del informe PISA, las inyección de 500 millones anunciada por Sánchez para planes de refuerzo y la idea de Feijóo de lanzar una prueba de acceso a la universidad solo para las comunidades del PP reflejan que el sistema educat
LSe necesitan consensos, menos batallas políticas y más participación de los expertos para idear un sistema educativo que debe ser la base del progreso
a última semana del mes de enero bien podría calificarse como la semana de la mala educación en España, a pesar de que el pasado día 24 se celebraba el día internacional de la Educación, un término al que ya pocos parecen respetar aunque debería cuidarse como oro en paño. Pero no, por desgracia, no es el caso, tal y como se ha constatado en los últimos días. Hace ahora una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía sobre la mesa un plan de choque extraordinario, dotado con 55 millones para implementar clases de refuerzo y tratar así de dar un volantazo al informe PISA. Los últimos resultados son preocupantes para España en materias tan relevantes como la comprensión lectora y las matemáticas, pero no serían tan alarmantes si fuera la primera vez que los alumnos españoles ven descender peldaños en estas áreas. Sin embargo, vienen a confirmar una tendencia que viene de lejos. Se podrán buscar excusas de que la pandemia está detrás de estas cifras, pero refugiarse solo en ese argumento es no querer mirarse frente al espejo o estar ciegos.
El escenario es poco esperanzador, pero se ha tornado en descorazonador tras ver cómo los partidos políticos utilizan la educación como arma arrojadiza. Una vez más. Esta forma mediocre de hacer política ha vuelto a emerger para oscurecer cualquier posibilidad de plantear un debate sereno, sosegado y profundo para tratar de solucionar un problema enquistado en la sociedad española. El fuego cruzado al que nos tienen acostumbrados el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volvió al primer plano de la actualidad y se recrudeció a lo largo de la semana.
Fue precisamente el miércoles cuando el líder de los populares quiso sacarse un conejo de la chistera, utilizando como ariete contra el Gobierno la educación. Feijóo planteó que las 11 comunidades gobernadas por las populares, entre las que figura Aragón, tengan una prueba de acceso a la universidad común en contenidos, criterios de corrección y fechas. La maltrecha educación volvía al centro de la discusión.
La intervención de los dos principales líderes políticos nacionales lleva a dos conclusiones: que la política de trincheras no sirve para acometer los problemas importantes de la sociedad española y que el eterno debate sobre la Educación no se soluciona a golpe de ocurrencia sino que exige una negociación, en la que estén representados los partidos políticos, la comunidad educativa y los expertos, entre otros. Lo demás es alargar la agonía y sentenciar a las actuales y futuras generaciones a un escenario gris oscuro en un momento en el que la escasez de profesionales cualificados y la necesidad de mejorar la formación es una realidad que marcará el desarrollo del país y de la comunidad aragonesa.
Pero el debate educativo no quedó ahí. También Aragón tuvo un importante protagonismo durante la semana después de que el TSJA estimara las medidas cautelares solicitadas por los padres de los 21 alumnos de Caneto y la DGA se viera obligada a reabrir las aulas. El caso llegó a la justicia y tuvo que ser esta la que argumentase que la clausura contravenía «el interés de los menores», dando así un tirón de orejas a la administración autonómica, a la que recordó que «no puede ir en contra de sus propios actos» porque la escuela permaneció abierta durante cinco años con la asistencia de dos profesores. El martes pasado los niños regresaron a sus clases, aunque todo apunta que no será el último capítulo que se escriba sobre Caneto.
Y mientras eso sucedía, los niños y adolescentes de Aragón veían limitado el uso del móvil y otros dispositivos electrónicos en primaria, secundaria y FP. La medida, anunciada por este diario en una entrevista a la consejera de Educación, Claudia Pérez, sigue la senda marcada por otras comunidades como Galicia, Andalucía, Castilla y León o Madrid y supone un primer paso para abordar uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema educativo por cómo afectan estos dispositivos al aprendizaje, la concentración y las relaciones sociales de los estudiantes. Solo unos días después, el Consejo Escolar del Estado acordaba prohibir el móvil en los colegios y limitarlo en los institutos.
En definitiva, la educación necesita consensos, menos batallas políticas y una mayor participación de los expertos para idear un sistema educativo que ha de ser la base del progreso.